En la segunda jornada del juicio de La Bufona, celebrada este lunes, han declarado los propietarios de las viviendas, en calidad de responsables civiles subsidiarios. Estaban citados a declarar los propietarios de 33 viviendas, de las que 14 pertenecen a la calle Chabusquillo, que son las que ocuparían una parte de suelo rústico, y el resto se encuentran más al sur. La declaración no es obligatoria y han declarado tan solo ocho de estos propietarios.  

Los declarantes han coincidido en varias cuestiones: compraron las viviendas entre el año 1996, sobre plano, y el año 2000, en escritura pública, y cuando adquirieron las casas a Brisa Inversiones las obras ya habían terminado.

Respecto a los de la calle Chabusquillo, declararon que compraron la vivienda terminada, con el muro perimetral hecho y con el hueco de la piscina, pero sin la piscina acabada. Ellos fueron responsables de las obras posteriores, de finalización de la piscina, pérgolas, techado de algunas partes o baldosas. La mayoría declaró que no pidieron licencia para esas obras, que no fueron hechas por la promotora ni la constructora de la urbanización, cuyos responsables son los acusados en el juicio: Federico Echevarría y Antonio Caro.

También han declarado que no encuentran explicación a la diferencia entre las dimensiones de la finca en la escritura y en la realidad, casi doscientos metros cuadrados más. Ese exceso sería el correspondiente a la franja al norte de las viviendas que es objeto del litigio, ya que sería esa franja la que ocupa suelo rústico y que reclama el denunciante Gonzalo Murillo que es de su propiedad.

En el caso de los otros propietarios, declararon que no saben qué hacen en el juicio puesto que un informe reciente de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), del pasado 23 de mayo de este año, indica que sus viviendas se asientan enteramente en suelo urbano.

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La primera en declarar fue Casandra García, que ejerce como abogada y como propietaria. Dijo que no le consta que pidieran licencia para esas obras que hicieron en los años 2005 o 2006 y que la primera noticia que tuvieron de que podía ser suelo rústico es de 2011, cuando les notifican una resolución de la Apmun, que recurrieron a la Justicia y el TSJC les dio la razón porque la Agencia no inició un procedimiento sancionador y debía haber impugnado las licencias.

Delia Fernández, también abogada y copropietaria, junto a su marido el fiscal Miguel Pallarés,  resaltó que las casas tienen licencia de obras, certificación de final de obra, licencia de obras de nueva planta, cédula de habitabilidad y un informe de la Oficina técnica municipal aprobando la modificación del plan parcial. Dijo que la superficie construida del sótano no computa como edificabilidad y que solicitaron una licencia para colocar unas baldosas en la parte trasera, otorgada por el Ayuntamiento en el año 2002.

“El hueco de la piscina estaba hecho porque pedimos que se nos hiciera”, dijo Fernández. Respecto al conocimiento que tuvo sobre si su casa ocupaba suelo rústico, señaló que lo supo en el año 2012, cuando les comunicaron una resolución de la Apmun. Aseguró que no sabía si su marido le había puesto una querella a Gonzalo Murillo y que tenía “conocimiento de oídas” del procedimiento penal. El informe de la Apmun que habla del suelo rústico es del año 2008 y el juicio por calumnias instado por Pallarés contra Murillo es de ese mismo año, por un artículo que escribió en el año 2003.

Vista satélite de la urbanización La Bufona, en Arrecife, con la franja de viviendas que invaden suelo rústico al norte de la urbanización, sobre el que se construyeron ampliaciones y piscinas.

“No sé decir por qué”

Delia Fernández también reconoció que no sabe por qué no se pidió la licencia para la piscina. “No sé decir por qué”, sinceramente”. Ante preguntas del fiscal, hubo momentos de tensión. Fernández dijo que las preguntas del fiscal le parecían preguntas personales. Sobre el exceso del terreno dijo que le constaba la diferencia entre lo escriturado y la realidad pero que jamás lo ha medido. “Cuando la compramos, Brisa manifestó que, como sobraba, que como les quedaba una franja que no iba a construir, que nos la iba a incorporar como regalo a todos los propietarios”. 

Señaló que no se planteó quién era el titular del suelo.  “¿Lo sabía su marido?”, le preguntó el fiscal.  “Tampoco eso se lo puedo asegurar”, contestó.  Dijo que no ha quedado acreditado dónde están los terrenos del señor Murillo y que éste, “ni en los medios ni en ningún sitio ha podido demostrar la veracidad de sus comentarios”. “La cantidad de barbaridades que se han escuchado en esta isla respecto a este asunto”, aseguró.

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Otra de las propietarias dijo que desconocía que esa franja fuera un regalo y que no le llamó la atención la diferencia entre la superficie real y la escriturada. Por su parte, Dulce Carmona, hermana de uno de los promotores, ya fallecido, y propietaria de una vivienda, se preguntó que “en esta isla quién no se ha enterado de lo que ha sucedido en ese plan parcial”. “Todos”, respondió.

“Las gestiones”

José Javier Balaguer, exmarido de la alcaldesa Astrid Pérez y copropietario de una de las viviendas de Chabusquillo, dijo que escrituraron en agosto de 2000 después de comprar en documento privado en 1996, y que en 2005 pusieron el suelo, la pérgola y la piscina y pidieron licencia de obra menor para elevar el muro y la pérgola.

Declaró que se enteró de los problemas en 2007 o 2008, por unas elecciones locales, porque la gente comentaba si había hecho construcciones ilegales. “Estaba tranquilo porque tenía el visto bueno del notario” y porque el banco les dio el dinero. Dijo que no podía explicar la diferencia de superficie de la casa entre la realidad y la escritura. “Quien hacía las gestiones era la madre de mis hijos”, dijo refiriéndose a Ástrid Pérez.