La juez Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, ha solicitado a la sección de acústica forense de la Comisaría General de Policía Científica que aclare si una de las grabaciones que dieron pie al caso fue alterada voluntariamente o de forma accidental.

La Policía Científica realizó recientemente un informe sobre seis grabaciones del caso Unión, que corresponden a las conversaciones mantenidas durante un año entre el ex consejero socialista Carlos Espino y el empresario Fernando Becerra y que fueron grabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para verificar su autenticidad.

Dos de ellas eran archivos de vídeo y se han derivado a otra sección de la Policía para que emita otro informe, mientras que de las otras cuatro, dos de ellas pertenecían a la misma grabación, así que se acabaron analizando tres grabaciones.

De dos de esas grabaciones se dice que no hay indicios de una alteración voluntaria posterior al proceso de grabación del archivo aportado, pero de una se afirma que “sí se observan indicios asociados a una alteración posterior en que se realizaron los actos de habla originales o procesos de edición de grabación del archivo de audio aportado”.

El informe señala que los archivos que se le entregan a la Policía son copias, grabadas a un CD desde un ordenador tras ser volcado su contenido desde la grabadora, y que al haber sido editadas “no es posible determinar si los eventos, o alteraciones, que han sido detectados han sido producidos de forma accidental o voluntaria debido a fallos en los dispositivos de registro o durante el proceso de edición”.

La juez, ante esas afirmaciones, solicita que se aclare si la conclusión de la Policía es que se han manipulado voluntariamente esas grabaciones o las alteraciones son accidentales.

Las grabaciones podrían no tener gran relevancia ya que Becerra confesó el intento de soborno

Las grabaciones, en todo caso, podrían no tener gran relevancia en el juicio puesto que uno de los interlocutores, Fernando Becerra, que ejercía de intermediario del empresario Luis Lleó, confesó tras ser detenido por la Guardia Civil que había intentado sobornar a Espino para desbloquear una operación urbanística por orden de Lleó.

Además, Becerra ratificó su confesión en el año 2012 en el Juzgado tras el levantamiento del secreto de sumario con la comparecencia de los abogados del resto de imputados.