La Fundación César Manrique (FCM) considera “improcedente la extracción continuada o puntual de arena” en la zona de El Jable. Así concluyen sus alegaciones al proyecto de explotación de la cantera denominada ‘Arenera Hoya de la Plata’, promovida por la empresa Hermanos Ramírez Barreto.

El citado proyecto de explotación, en la zona de El Jable de Muñique, cuenta con una superficie de 14.440 metros cuadrados, con una “reserva explotable” de 74.630 metros cúbicos y una vida útil aproximada de 15 años.

La Fundación apela a la consideración de Lanzarote como Reserva de la Biosfera, lo que requiere “un cambio de perspectiva en la toma de decisiones sobre el territorio, por ejemplo, respecto a la explotación de recursos naturales, a fin de fomentar las actividades compatibles con los objetivos de conservación”.

“No se puede considerar que autorizar nuevas o reiteradas extracciones en el área de El Jable, aunque estén amparadas por la Ley de Minas, contribuya a su conservación”, señala la FCM.

Además, resalta que el espacio forma parte de una Zona de Especial Protección para las Aves, (ZEPA) correspondiente a la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Y subraya que en ese entorno se encuentra aves en peligro de extinción como la hubara, así como otras con un régimen de protección especial como el corredor sahariano.

Asimismo, teniendo en cuenta la movilidad de las aves, en el área del jable se citan otras especies protegidas como el guirre o alimoche común, la terrera marismeña o el bisbita caminero.

En sus alegaciones, presentadas este mes de marzo, la FCM también resalta que el jable es un “recurso natural finito” y apunta a estudios realizados sobre el complejo sedimentario de Famara y El Jable, que acreditan “una reducción de la superficie ocupada” por la arena y el grosor de la capa, después de haber realizado durante tres años un seguimiento topográfico de las dunas y un análisis comparado de fotografías aéreas históricas y recientes.

Entre las causas, además de la reducción de aportes marinos, destacan las  “pérdidas ocasionadas por actividades extractivas para la construcción y usos agrícolas”, así como la existencia de “pantallas” en el extremo norte del corredor de arenas eólicas, como urbanizaciones y carreteras.

“Afección al paisaje”

La Fundación el recurso paisajístico que supone El Jable y recalca que, además del impacto sobre la avifauna, la extracción minera provoca “afecciones a la vida silvestre en general, al paisaje y a la actividad agrícola patrimonial, e impactos acústicos y a la calidad atmosférica”.

“Sería conveniente, además de paralizar las actividades que afecten al paisaje, gestionar la restauración de las cicatrices producidas en el territorio”

“La afección al paisaje hay que tenerla muy en cuenta si se toma en consideración que el marco de referencia es la isla de Lanzarote, en la que el turismo representa una muy importante fuente de ingresos, uno de cuyos atractivos diferenciales reside precisamente en su paisaje singular”, subraya la FCM.

Así, la entidad presidida por José Juan Ramírez considera que “sería conveniente, además de paralizar las actividades que afecten al paisaje, gestionar la restauración de las cicatrices producidas en el territorio”. “La naturaleza de los impactos de este tipo de actividades, además de ser acumulativa, conforma un área degradada cada vez mayor”, apostilla.

En su opinión, “es imprescindible plantear la necesidad de realizar un balance coste-beneficio, en el sentido de establecer si el resultado de la puesta en mercado de los recursos extraídos es rentable comparado con las pérdidas en la calidad del paisaje singular, primer producto que sustenta la industria turística que, tal como la Administración autonómica defiende, es el motor de la economía insular”.

“Enfoque empresarial”

Para la FCM, que también presentó alegaciones en enero al proyecto de cantera ‘Arenero Dorado’, presentado por la empresa Transportes y Excavaciones SCCATMECA, este tipo de solicitudes de explotación minera parten “de las premisas lógicas de un enfoque empresarial en relación con los recursos naturales”, acogiéndose a una Ley de Minas con más de medio siglo de antigüedad.

“Una ley aprobada en una época en la que las consideraciones sobre la sostenibilidad, la limitación de los recursos naturales y la emergencia climática eran inexistentes” y que “merecería una actualización”, reflexiona la Fundación.

“El planteamiento según esta lógica es el siguiente: existe un recurso, en este caso arena, y, por consiguiente, hay que ver cómo puede explotarse, de forma que no haya que trasladarlo de otro lugar exterior. Pero la existencia de un recurso no implica su explotación”, apunta la FCM, que añade que “bajo esta premisa concluiríamos que toda la isla de Lanzarote podría ser una explotación” de piroclastos, basalto o arena.

“Herida en el paisaje”

La Fundación resalta que “históricamente se ha venido explotando este tipo de recursos mediante extracciones con concesión y licencia, cuando no de forma clandestina e irregular, de modo que, en su conjunto, se ha producido una herida en el paisaje de Lanzarote, de forma ostensible a partir de los años setenta del pasado siglo”.

“Si nos circunscribimos a la zona de El Jable, las cicatrices de las actividades de extracción de arenas en la actualidad han quedado como espacios altamente degradados, con impactos sobre la geomorfología, y modificación topográfica, quedando impracticables para cualquier otro uso, con taludes verticales en algunos casos, de hasta 10 metros de altura, lo cual constituye además un riesgo de accidentes para aquel que pueda transitar por la zona, ya que no siempre estos taludes están señalizados ni protegidos”, apunta.

“Frenar el deterioro”

Según la Fundación, “todas las afecciones manifestadas deberían ser suficientes para que el órgano ambiental insular considerara si debe dar cobertura legal a este tipo de actividad en este ámbito, al igual que el Ayuntamiento concernido [el de Teguise] para personarse en el expediente de forma que pueda frenar el deterioro paisajístico a que está sometida esta zona de su municipio y el propio Gobierno de Canarias, que debería contribuir a frenar este tipo de actividades mediante su intervención, y en atención a objetivos ambientales”.