Una “instrucción de una instrucción”, “una estrategia que pervierte la estructura del proceso penal” o un “atentado a las reglas básicas del procedimiento penal”. La Fiscalía de Las Palmas calificó así la instrucción que estaba llevando a cabo el juez Rafael Lis sobre la denuncia de la desaparición o robo de autos del caso Unión que puso el juez César Romero Pamparacuatro. La fiscal Yolanda López solicitó que se anularan todas las diligencias que había realizado Lis porque no conducían a resolver el objeto del procedimiento.

El juez Lis ha tenido que apartarse de esta instrucción, cuyo secreto de sumario se acaba de levantar, tras ser aceptada su recusación porque su esposa, Margarita Alejo, era la abogaba de Juan Francisco Rosa, imputado en Unión y personado como perjudicado en este otro caso.

Lis tardó tres meses, desde que se puso la denuncia en febrero de 2014, en incoar diligencias. En los siguientes ocho meses, el tiempo que mantuvo la instrucción, no llamó a declarar ni siquiera al denunciante. Decretó el secreto de sumario, no incluyó las actuaciones en el sistema Atlante y permitió que se fueran personando como perjudicados una docena de imputados en Unión sin motivarlo dentro del procedimiento.

La denuncia se puso por la desaparición o robo de 23 autos, pero Lis, ya en su primer auto, dice que se investigan delitos de falsificación de documento público o infidelidad en su custodia. Las únicas diligencias que solicita se basan en conocer qué jueces, fiscales y secretarios intervinieron en Unión y en qué periodos y sobre todo, solicitar el volcado informático de toda la causa de Unión. El resto de las diligencias que practica son las que piden los perjudicados, a pesar de que la causa está declarada secreta.

El camino de la instrucción de Lis coincide con la teoría conspirativa alentada por algunos de los imputados más relevantes de Unión, que defienden que algunas resoluciones del caso están falsificadas porque se hicieron con posterioridad a las actuaciones.

El camino de la instrucción de Lis coincide con la teoría conspirativa alentada por algunos de los imputados de Unión

Lis no se centra sólo en esos 23 autos sino en otras 80 resoluciones más que le piden los imputados. Llega a afirmar que se ha denunciado la desaparición o posible alteración de las resoluciones “con evidente repercusión en la tramitación y garantías” del caso Unión, cuando en la denuncia sólo se habla de extravío pero no de alteración, y dice que “dada la trascendencia y las posibles implicaciones de determinados operadores judiciales”, pretende recabar las pruebas que tengan relación con el modo en cómo los documentos fueron elaborados y cómo se produjo su conservación.

El Consejo General del Poder Judicial le pide que informe del estado de la causa y le contesta que el motivo de no incluir el sumario en Atlante, que es lo que retrasó la incoación de las diligencias, es porque es fundamental para la instrucción determinar la participación de miembros del Ministerio fiscal o del cuerpo judicial.

La Fiscalía le dice que es una incongruencia decretar el secreto y después permitir la personación de los imputados en Unión y le señala que estos no son perjudicados, o al menos es prematuro considerarlos como tal, ya que ni siquiera se puede descartar su autoría en los delitos que se investigan.

La fiscal advierte de que el procedimiento no puede convertirse en una “instrucción de la instrucción del caso Unión”

Algunos, como los directivos de Urbaser, Dimas Martín, Juan Francisco Rosa o Plácida Guerra ni siquiera serían perjudicados de forma indirecta porque no tiene ninguna relación con los autos cuya desaparición denunció Pamparacuatro. De hecho, la mayoría de los considerados perjudicados serían en realidad los más beneficiados de la desaparición de esos autos si de esa circunstancia se derivara la anulación de algunas actuaciones.

Dice la fiscal que el caso no puede convertirse en una “instrucción de la instrucción del caso Unión” porque no se pueden revisar los posibles defectos procesales que hubiera en otra causa.

“Con esta estrategia se pervierte el sistema de recursos y la propia estructura del proceso penal”, señala la Fiscalía, que añade que es un “atentado a las reglas básicas del procedimiento penal” permitir que los imputados muten de condición en otro proceso distinto, en una “instrucción suplementaria”.

Además, añade que esa instrucción estaba siendo utilizada “de forma abusiva” por parte de los imputados para tratar de suspender los juicios del caso Unión o anular las actuaciones.