La Fiscalía de Las Palmas calificó como “sonrojante” el hecho de que el juez Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, no hubiera ordenado en el plazo de cuatro años de instrucción ninguna diligencia en la pieza separada contra Ignacio Calatayud por sus contrataciones por parte del Consejo insular de aguas.

A pesar de no haber realizado ninguna diligencia, la Audiencia Provincial de Las Palmas, estimando parcialmente un recurso de Calatayud, ordenó recientemente que la causa que se instruía en el Juzgado número 2 contra éste y contra Pedro San Ginés por el pago de facturas de la empresa pública Inalsa y el Consorcio del Agua se sume ahora a esa otra pieza que le corresponde al Juzgado número 4. 

Las diligencias a las que ahora se acumula esta investigación derivaron precisamente de una pieza separada abierta por el propio juez Jerónimo Alonso para que investigara la contratación de Calatayud por el Consejo Insular de Aguas, que envió a reparto y le correspondió al Juzgado número cuatro. La investigación después se amplió a todos los contratos de este abogado con el Cabildo y sus organismos autónomos.

La Fiscalía señala en un escrito de noviembre de 2021 que “a pesar del transcurso de más de cuatro años, no solo no se ha acordado ninguna diligencia durante la fase de instrucción a fin de esclarecer los hechos investigados” sino que ni siquiera se ha llamado a declarar a los presuntos responsables.

En dicho auto, recuerda que es el Juzgado el competente para ordenar esas diligencias, ademas de la preparación del juicio, mientras que la Fiscalía solo debe proponer diligencias complementarias que sena necesarias para la calificación jurídica de los hechos.

En otro auto sobre la misma causa, de 2021, señala que ya resulta imposible llevar a cabo la declaración de los presuntos responsables puesto que el Juzgado no acordó la prórroga excepcional para seguir con la instrucción, después de que sí se acordara la complejidad de la causa y se concediera una primera prórroga de 18 meses para investigar. La Fiscalía también señala que quedan pendientes de resolver varios recursos de apelación “desde hace más de dos años”.

La Audiencia le pidió al juez Fiestras en 2021 que incoara procedimiento abreviado, el paso previo para que se pueda celebrar el juicio oral, pero en lugar de eso, el magistrado decidió archivar la causa de forma provisional. La Audiencia señala ahora que lo que le pedía en su auto “no constituía una recomendación”. Como se decretó un sobreseimiento provisional, la causa se puede volver a abrir al aparecer hechos novedosos.

Las investigación que ahora ha quedado en manos del juez Fiestras se basa en los supuestos pagos irregulares efectuados por el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, a su amigo Ignacio Calatayud, que pudo llegar a percibir hasta dos millones de euros del Cabildo o sus entes consorciados. Entre esos pagos estarían las costas judiciales derivadas del proceso concursal de Inalsa, que habría cobrado sin conocimiento de la empresa pública ni de Consorcio del Agua.