La Fiscalía de Las Palmas ha recurrido ante el Juzgado de vigilancia penitenciaria la decisión de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Tahíche de mantener el beneficio del tercer grado penitenciario al ex presidente del Cabildo y fundador del PIL, Dimas Martín. El ex político lanzaroteño estaba ya en tercer grado cuando le llegó su última condena, la pieza del caso Unión relacionada con la contratación de Francisco Rodríguez Batllori. Dimas fue condenado por el Tribunal Supremo a una pena de dos años y nueve meses de cárcel cuando aún cumplía otra condena de dos años por construir los baños de Los Dolores.

En lugar de rebajarle el grado e ingresar en el centro penitenciario, la Junta de Tratamiento decidió mantenerle en ese tercer grado, lo que le permite salir a trabajar cada día y los fines de semana y disfrutar de varios días de permiso cada semestre. Ahora, la Fiscalía ha recurrido esa decisión porque considera que el interno no cumple los requisitos necesarios para tener ese beneficio.

El artículo 106.2 del Reglamento Penitenciario señala que “la progresión en grado procederá cuando se modifiquen positivamente los factores relacionados con la actividad delictiva, con manifestación en la conducta global del interno, cuya consecuencia directa sea un incremento de la confianza depositada en él, que permitirá atribuirle más importante responsabilidad, que implicará a su vez, una mayor libertad”.

Dimas Martín está cumpliendo aún tres condenas: la del Complejo Agroindustrial, por malversación, contra Hacienda y la Seguridad Social, la de la construcción de los baños de Los Dolores y la del caso Unión, cuyo delito fue cometido mientras estaba en prisión y en tercer grado.

El jurista de la cárcel votó en contra de concederle el beneficio penitenciario y dice que “resulta patente la nula incidencia e intimidación que ha tenido sobre el interno el cumplimiento de las condenas”

La Junta de Tratamiento acordó por mayoría el mantenimiento del tercer grado porque no habían variado sus circunstancias desde la última revisión, pero lo hizo con el voto en contra del coordinador de servicios del Centro de Integración Social y con el voto particular del jurista, que puso de manifiesto varias circunstancias para que no pudiera progresar. La Fiscalía se suma al informe del jurista.

En cuanto a la reincidencia, se destaca que durante la trayectoria de Martín “se observa un aprovechamiento en beneficio propio de la posición política con el objetivo de crear una red de influencias y de apoderarse de dinero público y que el interno tenía un fuerte liderazgo en dicha actividad delictiva y la ha ejercido durante largo tiempo”.

También se cita “una escalada delictiva que no se ve atemperada por la estancias sucesivas en prisión sino que resulta patente la nula incidencia e intimidación que ha tenido sobre el interno el cumplimiento de las condenas”, y que llega a su culmen cuando es detenido en su propia celda en mayo de 2009, dentro de la operación Unión.

También se tiene en cuenta para rechazar el tercer grado que “la actividad delictiva de esas últimas causas y de otras condenas que en el futuro pudieran recaer, fue organizada y cometida durante el cumplimiento de la condena, con un total desprecio a las instancias administrativas y judiciales, lo cual refleja la persistencia en el propósito criminal”.

Según el recurso de la Fiscalía, por el caso del Complejo debe 2,3 millones de euros, de los que ha pagado 15.850 y el último pago que realizó fue hace tres años

Por si fuera poco, Dimas tiene aún tres causas pendientes por las que le piden penas que suman 30 años de cárcel, y este solo hecho sirve en muchas ocasiones para denegar permisos o el tercer grado. Otro elemento en su contra es que en las investigaciones de su patrimonio “aparecen presuntamente implicadas algunas personas cercanas a él que pudieron servir para ocultar propiedades o bienes de origen delictivo”.

Sobre el hecho de que ha presentado una oferta de trabajo, el jurista recuerda que “no es infrecuente que internos de esa naturaleza presenten ofertas de trabajo de dudosa solvencia siendo habituales las ocupaciones instrumentales para conseguir dicha clasificación”. De hecho, una de las causas que tiene pendiente es porque Juan Francisco Rosa simuló un contrato con él para permitirle conseguir el tercer grado.

Por último, respecto al pago de la responsabilidad civil, Dimas Martín apenas ha satisfecho las cantidades que debe pagar por sus condenas. Según el recurso de la Fiscalía, por el caso del Complejo debe 2,3 millones de euros, de los que ha pagado 15.850 y el último pago que realizó fue hace tres años.

Por el caso de Rodríguez Batllori, donde debe pagar casi 5.000 euros, no ha pagado ninguna cantidad. La Fiscalía destaca que “en el auto que deniega la libertad condicional (marzo de 2016) se argumenta como causa de denegación que en la audiencia de 13 de noviembre de 2015, el penado comenta a la autoridad judicial que no va a pagar la responsabilidad civil porque no la debo”, dice el recurso.

En cuanto a la reincidencia, se destaca que durante su trayectoria “se observa un aprovechamiento en beneficio propio de la posición política con el objetivo de crear una red de influencias y de apoderarse de dinero público”

Ya en el año 2009, la Fiscalía consideraba que no había ninguna garantía de que Dimas fuera a pagar la responsabilidad civil del caso del Complejo, como así ha sido finalmente. “Por tanto el interno no paga ni quiere pagar la responsabilidad civil, por lo que ello hace incompatible la clasificación en tercer grado”, concluye el informe.

En ese acta, el jurista de la cárcel dijo en su voto particular que “no se entiende justificado ni ajustado a derecho el mantenimiento en tercer grado del interno Dimas Martín Martín” aunque se le acabó concediendo. Tendrá que ser ahora el Juzgado de vigilancia penitenciaria quien decida si Martín continúa en tercer grado o vuelve de nuevo al segundo grado, lo que le impediría salir de prisión.

Dimas ha sido condenado ya en siete ocasiones desde 1993: por cohecho dos veces, por desobediencia, por malversación de caudales públicos, fraude a la Hacienda pública y un delito contra la Seguridad Social, por daños al patrimonio y por prevaricación.