La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el administrador de una empresa que presuntamente sacó unos 284.000 euros de la compañía sin motivo, generando un perjuicio económico en la compañía.

El acusado, R. P.C.B., “abusando” de su condición de administrador único de una empresa, desde se constitución en marzo de 2002 y hasta el año 2006, con la “intención de favorecer” a terceras personas “y a él mismo”, generó un perjuicio económico a la empresa y a sus socios, señala la Fiscalía.

En el escrito de acusación se detalla que el acusado transfirió cantidades de dinero desde las cuentas de la empresa a otras “abiertas a su nombre, sin que conste causa alguna para tales operaciones y sin justificación contable, por importe de 55.634” euros.

Además, según la acusación, efectuó “pagos y transferencias, sin que tampoco conste causa alguna justificada, desde las cuentas de la sociedad” a otra empresa de la que era socio, por valor de 228.781 euros.

La Fiscalía destaca otra operación: la venta de una vivienda en la urbanización Montaña Roja de Playa Blanca. Así, según el escrito de acusación, “puesto de común acuerdo con su esposa”, formalizó ante notario la venta del inmueble, propiedad de la empresa, en octubre de 2006, “invocando la condición de administrador único de la entidad”, pese a que había sido revocado del cargo el mes anterior.

La venta se efectuó supuestamente por 400.000 euros y en la escritura se aseguraba que el vendedor “había recibido previamente la cantidad de 198.228 euros, sin que tal cantidad conste ingresada en el patrimonio de la sociedad en forma alguna y sin que se haya liquidado el impuesto correspondiente al IGIC, que ascendía a 20.000 euros, ni haberse asumido la subrogación del préstamo hipotecario que pesa sobre la vivienda”.

La Fiscalía considera que el principal acusado incurrió en un supuesto delito continuado de apropiación indebida y en un delito de estafa. De este último delito también se encuentra acusada su esposa, para la que solicita dos años de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que el acusado indemince a la empresa con 284.415 euros por el perjuicio económico ocasionado, debiendo además, indemnizar solidariamente su esposa a la mercantil con 198.228 euros por la compraventa de la vivienda, así como la cantidad de 20.000 euros en concepto de impuestos IGIC y la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, por las cuotas abonadas por la entidad perjudicada en concepto de préstamo hipotecario.

El juicio está fijado para este próximo 4 de noviembre ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.