El portavoz de CC y expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, quiso ejercer su derecho a una última palabra antes que el juicio por la incautación de la desaladora de la urbanización Montaña Roja quedara visto para sentencia. Destacó, primero, “la diferencia entre una propiedad privada y una pública o destinada a ser pública”, como es la desaladora de la empresa Club Lanzarote. También dijo que actuó “asesorado” para terminar con la venta de agua a terceros porque era la única desaladora de la Isla que lo hacía y que jamás tuvo título habilitante para ello. “Ni siquiera hoy tiene título, tiene un acuerdo pero no un título”.

San Ginés insistió en que fue asesorado en todo momento, tanto por el secretario del Cabido, que no ejerció su derecho a hablar, como por asesoramiento externo (del letrado Ignacio Calatayud), y que, como mínimo, existe una controversia sobre la medida.

El expresidente preguntó en alto cuál es su interés personal en darle la planta a Canal Gestión y dijo que actuó porque tenía una alta responsabilidad y se vio “compelido” por el Diputado del Común en numerosas ocasiones, por lo que optó “por la medida que menos perjudicaba al interés general”.

El resultado, según San Ginés, es que hay seis mil vecinos con el agua más barata que antes y que la empresa ahora paga un canon. “El único perjudicado es Club Lanzarote, no entiendo qué pinta esta acusación popular”, dijo en referencia a la ejercida por los exconsejeros Carlos Meca y Pablo Ramírez. La promotora de Montaña Roja, que interpuso la querella, llegó a un acuerdo para seguir desalando agua y terminó apartándose de la causa penal.

San Ginés también pidió la absolución para sus dos compañeros de banquillo. Dijo que el ex gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, no tuvo nada que ver y que el secretario Francisco Perdomo, ya jubilado, tiene todo su respeto y es una persona intachable, y se aventuró a decir que quizá no declaró durante el juicio porque no se encontraba en condiciones de hacerlo. Terminó diciendo que, en cualquier caso, no tomó la decisión de incautar sabiendo que fuera injusta.  

Las tres defensas pidieron la absolución y el abono de las costas para la acusación popular. La defensa de San Ginés insistió en que la acusación popular no está legitimada para intervenir como tal.

El abogado de San Ginés  insistió en sus conclusiones que se actuó para evitar la venta ilegal de agua y que Club Lanzarote tenía un negocio con pingües beneficios y “ese es el interés general que defiende la acusación”. Dijo que no hay un resultado injusto porque, tras el acuerdo, Club Lanzarote “sigue ganando dinero, pero menos y los consumidores tienen agua”.

También sostuvo que no hacía falta informe previo para incautar la planta desaladora, pese a que la Justicia anuló de forma cautelar esa medida, que no hay arbitrariedad, que la medida es proporcional y que San Ginés la tomó escuchado a sus asesores internos y externos.

El abogado aseguró que lo que hizo San Ginés fue “enfrentarse a empresarios con poder y capacidad de influencia”, y que “es el mundo al revés” porque “son estas personas (en referencia a los acusados) las que se enfrentan al banquillo, y quienes les acusan defienden a los que llevan años vendiendo agua sin autorización”. Calificó a la acusación como “populista, política y de prensa”.

El secretario, en “un contexto difuso”

La defensa del exsecretario del Cabildo sostuvo que no es posible que la prevaricación la hayan cometido los tres acusados porque solo la puede cometer el autor, y que a su defendido no se le acusa como partícipe. “Este es un defecto formal relevante”, señaló.

También dijo que Perdomo intervino después del posible delito, que no hacía falta que emitiera informe previo, no estaba obligado a advertir de la posible ilegalidad ni de la posible incompatibilidad de Calatayud, que asesoraba al Cabildo, al Consejo Insular de Aguas, al Consorcio del Agua y a su concesionario Canal Gestión. Afirmó que su defendido se limitó a dar un informe verbal preliminar “en un contexto difuso” y que no intervino en la resolución.

Por último, la defensa de Hernández Duchemín dijo que su defendido tan solo señaló en su informe que se podían adoptar medidas cautelares pero no propuso ninguna y que entregó después la planta incautada a Canal Gestión para evitar el desabastecimiento y porque no había otra empresa que lo pudiera hacer. “Lo que hizo fue garantizar el agua que era lo prioritario, solo tenía una opción, por eso no podía prevaricar”.

Por su parte, el propio Hernández Duchemín, en su turno de palabra, dijo que  como funcionario del Cabildo durante 47 años siempre ha defendido el interés público y la legalidad, como era su obligación.