La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso del exgerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y el caso por la incautación de la desaladora de la urbanización Montaña Roja se encamina hacia la apertura del juicio oral.

La Sección Primera de la Audiencia ha desestimado en un auto notificado recientemente el recurso de apelación que interpuso el exgerente del Consejo de Aguas contra la decisión del juez instructor del caso, Jerónimo Alonso, de dar por concluida la investigación.

El auto del juez Alonso, que abrió la fase de procedimiento abreviado, se dictó en julio del año pasado y fue confirmado tres meses después por la Audiencia. Tras el archivo de la causa dictado por la Sección Sexta para el abogado Ignacio Calatayud, permanecen como investigados el presidente y el secretario del Cabildo, Pedro San Ginés y Francisco Perdomo, además de Hernández Duchemín.

En su último auto, la Audiencia recalca que “el procedimiento ha de seguir su curso” puesto que “la investigación ha concluido, salvo que resulte otra cosa de los recursos que se dicen que sobre este respecto aún puedan estar pendientes”.

Además, la Sala añade que “los hechos punibles”, en referencia a la incautación de la planta desaladora de la citada urbanización en septiembre de 2014, “han quedado delimitados”. También añade que no es el momento de resolver las “alegaciones” de investigados como Hernández Duchemín “ni de discutir el alcance jurídico y fáctico del delito de prevaricación”.

“Es la hora”, recalca la Audiencia, de que el juez instructor, “bajo su criterio”, decida “si procede o no la apertura del juicio oral”. “En tal sentido”, añade, “se destaca la existencia de escritos dispares, pues el Ministerio Fiscal pide el sobreseimiento y la acusación particular”, ejercida por Podemos, “formaliza acusasción y pide la apertura del juicio oral”.

Así, la acusación ya formalizó el pasado mes de julio una petición de cara al juicio en la que solicita 12 años de inhabilitación para el presidente del Cabildo y la misma pena para el secretario de la Corporación insular y para el exgerente del Consejo Insular de Aguas.

En su escrito de acusación, Podemos pidió la apertura de juicio oral contra los tres acusados por un delito de prevaricación administrativa por "la incautación ilegal de unas plantas privadas, al margen de la ley y omitiendo todos los trámites obligados, para entregárselas después a Canal Gestión".

Por su parte, la Fiscalía se opuso al recurso de Hernández Duchemín contra el auto del juez Jerónimo Alonso que dio por concluida la investigación del caso, si bien en junio comunicó al Juzgado que rechazaba formular escrito de acusación.

“Solvencia”

En su auto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial recalca que los trámites seguidos por el juez instructor cumplen “con solvencia” los requisitos legales y añade que la resolución del juez Jerónimo Alonso que dio por finalizada la investigación “hace una concreción de hechos punibles con apariencia delictiva e identifica a las personas a las que en principio y en base al resultado de las diligencias de investigación practicadas se le atribuye”.

En ese sentido, recuerda ahora la Audiencia, “no se debe perder de vista” que de Hernández Duchemín “destaca su labor como gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote y la conexión de tal quehacer con la resolución administrativa que esencialmente se cuestiona”, en referencia a aquella en la que se acordó la incautación de la planta desaladora de la empresa Club Lanzarote.

Así, la Audiencia reseña la participación del exgerente del Consejo de Aguas, “bien a través de un informe previo emitido y también a través de actuaciones relativas a su ejecución”. Además, resalta que sobre los otros dos investigados que quedan en la causa consta el rechazo de la Audiencia, en abril y mayo de este año, al archivo del procedimiento.

La Sala también destaca la vinculación de los “hechos punibles” que afectan a San Ginés, como presidente del Consejo Insular de Aguas, que “están conectados con los relativos” a Hernández Duchemín.