La Audiencia de Las Palmas comenzará a juzgar el 16 de octubre la pieza del caso Unión en la que se acusa al ex consejero del Gobierno canario Francisco José Rodríguez Batllori y al fundador del PIL, Dimas Martín, de sustraer fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de la empresa Inalsa.

La Audiencia ha fijado para este juicio un calendario que se prolonga hasta el 21 de noviembre a lo largo de nueve sesiones, parte de ellas en los Juzgados de Arrecife y el resto, en su sede principal de Las Palmas de Gran Canaria.

El tribunal se desplazará las cinco primeras sesiones a Arrecife para interrogar a los seis acusados en este procedimiento por presunta corrupción (el 16 y 17 de octubre) y escuchar a los primeros testigos del caso (20, 21 y 23 de octubre), según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La vista continuará a partir del 17 de noviembre en la sede principal de la Audiencia, en Las Palmas de Gran Canaria, para completar otras cuatro sesiones más con testigos y peritos.

En el auto por el que se puso fin a la instrucción de este caso, publicado en febrero de 2013, la juez encargada del procedimiento recogió que existen "claros indicios" de sustracción de fondos públicos por parte de Rodríguez Batllori y Martín mediante trabajos facturados al Ayuntamiento de Arrecife y a Inalsa.

En la pieza también están imputados los ex ediles José Miguel Rodríguez y María Luisa Blanco, así como la anterior consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, y el entonces gerente de la empresa pública, Rafael Elorrieta.

La Fiscalía solicita seis años de cárcel para Dimas Martín, por dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación, y ocho años de cárcel para Rodríguez Batllori por los mismos dos cargos, más un tercero de falsificación de documentos.

Rodríguez Batllori percibió del Ayuntamiento 16.941 euros y 21.882 euros de Inalsa

La acusación sostiene que el fundador del PIL influyó para que facturase a las citadas entidades por trabajos supuestamente inexistentes, mientras que hacía gestiones para conseguirle el tercer grado penitenciario.

A los otros cuatro acusados, la Fiscalía pide que se les imponga una pena de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta a todos ellos, salvo a José Miguel Rodríguez. Para este último pide un año de cárcel por haber colaborado con la investigación y depositar los 16.941 euros que admite haber pagado desde el Ayuntamiento a Rodríguez Batllori.

En el caso de Inalsa, se le abonaba a Batllori cada dos meses un pago de honorarios por supuestas labores de asesoramiento. Entre marzo de 2008 y abril de 2009 cobró un total de 21.882 euros, que le fueron abonados en su cuenta personal tras presentar seis facturas "inveraces" y por unos servicios no realizados, según la Fiscalía.