TRIBUNALES

La Audiencia juzga a tres acusados de traer una patera a Lanzarote, para los que la Fiscalía solicita una condena de ocho años de cárcel

Se les acusa de ponerse de acuerdo con otras personas en Marruecos para traer a un grupo de inmigrantes a cambio de dinero

Diario de Lanzarote 1 COMENTARIOS 09/02/2023 - 11:46

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga el próximo martes a tres acusados de traer una patera desde Marruecos a Lanzarote, a los que la Fiscalía solicita una condena de ocho años de prisión.

Los acusados (M.K., B.B.y A.D.) permanecen en prisión provisional desde el 22 de julio de 2021. “Actuando de común y previo acuerdo entre sí y puesto de común acuerdo con otras personas no identificadas en Marruecos y movidos por el ánimo de lucro ajeno, cobraron diversas cantidades de dinero a 29 inmigrantes para llevarlos con ellos a las costas canarias”, señala el escrito de acusación.

La Fiscalía subraya que lo hicieron “a sabiendas de que incumplían las normas sobre entrada en el territorio nacional y que una vez que arribasen, quedarían en situación irregular en España”.

Así, la citada patera salió de las costas de Safi (Marruecos), llegando en las costas de la Isla de Lanzarote, concretamente el día 19 de Julio de 2021, sobre las 17.00 horas, en la zona norte, concretamente la Playa de la Cantería de la localidad de Órzola, con todos los inmigrantes en su interior, “consiguiendo así el propósito buscado”.

La Fiscalía apunta que el acusado M.K. patroneaba la embarcación tipo patera de unos seis metros de eslora y 2,5 de manga, desde su salida hasta su llegada a las costas de la isla de Lanzarote, siendo ayudado en dicha labor en los momentos en que descansaba por el acusado A.D. y encargándose el acusado B.B. de las labores de organización del viaje antes y durante el mismo.

“Dicha patera carecía de cualquier sistema de seguridad, así como de chalecos salvavidas,comida ni agua, poniendo con ello en peligro la vida de los inmigrantes”, subraya el Ministerio Fiscal, que califica los hechos como un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Por ello, solicita que se les imponga a cada uno de los acusados una condena de ocho años de prisión.

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