La Sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga el jueves y el viernes al empresario Luis Lleó, para quien la Fiscalía solicita cuatro años de prisión por un delito continuado de administración desleal. La investigación contra Lleó por intento de soborno dio origen al caso Unión.

En el caso Unión, Lleó se enfrenta a una petición de la Fiscalía de seis años de prisión por un presunto delito de cohecho, por el intento de soborno a Carlos Espino, entonces consejero en el Cabildo, para que desbloqueara la urbanización de la parcela Costa Roja, en Playa Blanca, cuya licencia había impugnado en los tribunales la Corporación insular.

El empresario acaba de ser condenado a 15 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para el ejercicio de administrador de empresas por un delito societario. La sentencia la ha dictado el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife y no es firme.

El juicio en la Audiencia Provincial está relacionado con la gestión de la misma empresa, Consultores y Asesores Legales Lleó, por la que ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal. Según la Fiscalía, aunque Luis Lleó era administrador solidario de la sociedad junto a dos familiares, “de hecho gestionaba la sociedad y adoptaba todas las decisiones económicas”.

“Aprovechando esta circunstancia, y con abuso de la misma, el acusado, a sabiendas de que con ese proceder iba a causar un perjuicio económico” a la empresa, utilizó a la mercantil “para financiar otras empresas en las que tenía alguna participación, a través de la liquidez que le concedían dos pólizas de descuento bancario”, señala el fiscal Miguel Hernández en su escrito de acusación.

La citada compañía tenía dos pólizas de descuento con Bancaja: una de 104.000 euros y otra de 600.000 euros. “Una vez abiertas estas líneas de crédito”, explica el fiscal, Lleó presentó a descuento 11 pagarés entre junio de 2007 y marzo de 2008, emitidos por sus sociedades Residencial Costa Roja y Residencial Playa Honda.

Cuando el dinero se ingresaba en las cuentas de la empresa Consultores y Asesores Legales Lleó, el acusado ordenaba “transferencias a favor de varias mercantiles”, explica el fiscal. Así, de tres pagarés emitidos “por servicios efectivamente prestados” a Residencial Costa Roja, por importe de 387.146 euros, Lleó destinó 26.000 euros “a distintas mercantiles en la que sólo él tenía alguna participación”.

Servicios no prestados

Además, de ocho pagarés emitidos por Residencial Playa Honda por importe superior a los 1,4 millones de euros, “por servicios que no se habían prestado a esa mercantil por Consultores y Asesores Legales Lleó, el acusado dispuso” de prácticamente la totalidad del citado montante económico.

Según destaca la Fiscalía, el dinero fue transferido a favor de Residencial Playa Honda (791.832 euros), de Inversiones Portonaos (167.919 euros), de Charcones de la Mareta (186.000 euros), de Inversiones Tenderete (93.695 euros), de Lleó Inmuebles (16.000 euros), de Focus Lanzarote (2.500 euros) y de Inversiones Tinamala (154.000 euros).

“Perjuicio” para la sociedad

El fiscal destaca en su escrito de acusación que estos pagarés “no se corresponden con servicios efectivamente prestados” por la sociedad que Lleó compartía con dos familiares, “por lo que el descuento de los mismos tenía por finalidad obtener financiación de las otras mercantiles, generando un perjuicio” que consistía en los gastos de descuento de los pagarés, que asciende a 44.444 euros.

La Fiscalía acusa a Lleó de un delito continuado de administración desleal, por lo que solicita cuatro años de prisión, así como una indemnización a Consultores y Asesores Legales Lleó de 70.449 euros, con la responsabilidad personal de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.