La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) abrió un total de 68 expedientes de infracción a instituciones públicas de Lanzarote, según ha reconocido el Gobierno de Canarias en una respuesta parlamentaria.

El mayor número de procedimientos sancionadores, un total de 18, se abrieron por parte del Gobierno de Canarias al infringir la legislación territorial por intervenciones “no constructivas”, mientras que hasta 13 expedientes de infracción se debieron a construcciones no amparadas en la Ley de Ordenación del Territorio de la comunidad autónoma.

Otros 18 procedimientos de infracción tuvieron como origen la infracción de la Ley de residuos y 10 expedientes más se abrieron como consecuencia de vulnerar la Ley de Costas.

Además, cinco expedientes se abrieron por vertidos al mar cometidos por instituciones públicas de la Isla. En la relación de expedientes abiertos por la Agencia de Protección del Medio a administraciones públicas se encuentran dos por incumplir la normativa sobre el impacto ambiental y uno por la extracción de áridos.

El listado de expedientes por infracción de la normativa territorial y medioambiental se extiende al periodo comprendido entre 1999 y 2013, aunque no ha habido año en el que la Agencia no actuase contra alguna institución pública de la Isla. 

Así, en los últimos cinco años se han abierto 16 expedientes por la Apmun en la Isla contra instituciones: cuatro en 2009, dos en 2010, hasta siete en 2011, uno en 2012 y dos en lo que va de año, según la información trasladada a la Cámara autonómica.

"Sólo un expediente da que pensar", dice Lavandera

José Ignacio Lavandera, diputado socialista por Fuerteventura, ha sido quien ha reclamado al Ejecutivo regional que pusiera los datos sobre la mesa, aunque por el momento no se ha facilitado la información completa: ni a qué instituciones públicas concretas se les ha abierto los expedientes, ni cuáles han sido los motivos y tampoco cuántos ni cuáles han acabo con una sanción.

“El solo hecho de que a una administración se le abra un expediente da que pensar”, señala el diputado, quien apunta que las instituciones públicas “deben ser las primeras en dar ejemplo de respeto a las normas que se dictan”.

De especial gravedad le parecen los expedientes abiertos por obras públicas que incumplen la normativa: “Es rizar el rizo”, destaca el parlamentario, quien subraya la “incoherencia” de que quien debe velar por la legalidad urbanística la infrinja.