Izquierda Unida promoverá mociones en los ayuntamientos de España en los que tiene representación con la finalidad de que las corporaciones locales retiren sus fondos de CaixaBank, máximo accionista de Repsol, como medida de presión para que la compañía renuncie al proyecto de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura o para que se realice una consulta a la población canaria con respecto a los sondeos.

La formación ha expuesto este viernes en rueda de prensa el escrito que presentarán en las corporaciones para boicotear "al gobierno del gobierno, al poder económico". Ramón Trujillo, coordinador del partido en Canarias, anunció una nueva escalada en la lucha contra las prospecciones que va dirigida a "quien decide el Gobierno, a quien decide lo que pasa en La Moncloa, contra CaixaBank".

Trujillo se refirió en su intervención a las declaraciones realizadas por Richard Steiner, especialista en conservación marina y asesor de una decena de países en materia de perforaciones en mar abierto, quien aseguró en relación a los sondeos canarios que "no se legalizarían en Estados Unidos, porque no se permitirían unas prospecciones con unos niveles de seguridad tan bajos".

 "La delegada del Gobierno (María del Carmen Hernández Bento) dice que las posibilidades de accidente son muy bajas, como también decían en el Prestige", ha señalado. Para la formación de izquierdas, un vertido "mandaría al garete" a Canarias.

IU recordó que ya ha preguntado al Ejecutivo central "si subvencionaría a las empresas y trabajadores afectados" por un hipotético desastre medioambiental y que el Gobierno ha dado el silencio por respuesta.

También ha  cuestionado en el Congreso "cuánto dinero se quedaría en las arcas públicas del beneficio de Repsol", a lo que el Gobierno respondió que si la empresa "vende los hidrocarburos fuera, nada, pero, de comercializarse aquí, el beneficio para las arcas públicas sería igual que si los hidrocarburos fuesen de Venezuela, Nigeria o Qatar".

Además de las mociones municipales, la formación llevará una serie de iniciativas al Congreso, donde preguntará al Gobierno sobre los daños que cubriría el Estado en caso de derrame, y que plan prevé en caso de que no funcionen las desoladoras.