El Consejo Político Federal de Izquierda Unida aprobó una resolución elaborada por Izquierda Unida Canaria (IUC), que se presentará en municipios de toda España y en otras instituciones, con el objetivo de frenar las prospecciones petrolíferas en aguas canarias.

La resolución fue aprobada por unanimidad y pedirá a las corporaciones locales y a otras instituciones públicas que se retiren sus cuentas corrientes de Caixabank, que es accionista de Repsol, si no se paralizan las prospecciones en aguas canarias, o si, al menos, no se convoca a un referéndum para que el pueblo canario decida.

En el texto de la resolución, la formación progresista denuncia que las "prospecciones incluyen la perforación de dos pozos de alta presión y alta temperatura, en aguas profundas, que son perfectamente comparables al pozo Macondo, que generó en el Golfo de Méjico, en 2010, el mayor vertido de petróleo al mar causado por la actividad humana”.

El dictamen pericial encargado por el Cabildo de Lanzarote a un destacado experto advierte que “esas prospecciones no serían autorizadas por el Gobierno de Estados Unidos en sus aguas jurisdiccionales, a causa del desconocimiento que evidencia el plan de Repsol sobre las enseñanzas derivadas de pasadas catástrofes petrolíferas en el mar y a causa de las deficientes previsiones sobre la magnitud de un posible vertido y las medidas para afrontarlo".

Izquierda Unida considera que "de producirse un vertido de petróleo a gran escala, sus consecuencias serían catastróficas para el ecosistema, para la economía turística y para el empleo. Las prospecciones suponen un riesgo inasumible para la sociedad canaria y, en todo caso, debiera ser la ciudadanía canaria la que decidiera si acepta o no tal riesgo".

Por lo tanto, prosigue la resolución aprobada, "ante la negativa del Gobierno del Estado para permitir que la ciudadanía canaria se pronuncie sobre las prospecciones petrolíferas en aguas del Archipiélago y ante las limitaciones de nuestro ordenamiento jurídico para proteger los ecosistemas, Izquierda Unida debe hacer uso de su implantación institucional en todo el Estado para llevar a cabo una estrategia de presión efectiva contra las prospecciones".