La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Vivienda, Políticas Sociales y Empleo, Patricia Hernández, ha garantizado en el Parlamento de Canarias una de sus más estelares promesas electorales. Y lo ha hecho de forma contundente: mientras ella sea la número dos del Ejecutivo canario no habrá ni desahucios de personas en exclusión social que habiten edificios pertenecientes a Visocan y, además, ni una sola Vivienda de Protección Oficial (VPO) estará vacía mientras haya familias que no pueden ejercer su derecho constitucional a tener un hogar digno.

“Ni una vivienda de VPO estará vacía y, además, trabajamos para poder revertir la situación que impide que unas personas inmersas en un proceso de lanzamiento puedan acceder a las listas para una VPO”, ha afirmado Hernández.

La vicepresidenta ha querido dejar claro un mensaje: mientras el Gobierno de Mariano Rajoy “ha mirado a otro lado cuando unas comunidades vendían VPO a fondos buitres y, además, ha recurrido la Ley Canaria de Vivienda” aprobada en la pasada legislatura, el Ejecutivo regional “no se cruzará de brazos hasta garantizar que cualquier familia necesitada tenga su vivienda”.

Hernández, que compareció a instancias del diputado Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), reconoció que acabar con los desahucios es un problema complejo, pero “aunque los problemas son muchos, nuestra ambición es superior a nuestras necesidades”.

Por ello, anunció que se están estudiando  fórmulas para evitar desahucios en contratos de alquiler entre particulares y que la Oficina de Intermediación Hipotecaria “evite que se firmen contratos con cláusulas abusivas” y que se pueda firmar un convenio con la Sareb (banco malo) para que ponga a disposición temporal de la Comunidad Autónoma casas que no consiguen vender para destinarlas al alquiler.

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