La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), colectivo que agrupa a guardias civiles, ha denunciado que el Instituto Armado “sigue sin cumplir la normativa en prevención de riesgos laborales en muchas unidades”, aunque considera los casos “más sangrantes” las unidades de Lanzarote y Fuerteventura donde se encuentran las instalaciones del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

“Tras la comparecencia del director general de la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados, en la que informaba de que la Secretaría de Estado de Seguridad, responsable de la inversión en el SIVE, tiene pensado destinar cinco millones de euros en el año 2015, confiamos en que se puedan construir los aseos que no se construyeron hace siete años cuando se inauguró”, destaca la AUGC.

“Hace ya casi 50 meses AUGC denunciaba que en Lanzarote se prohibía a los Guardias Civiles del SIVE ingerir todo tipo de comida y bebida, lo cual por sí solo incumple la normativa” en materia de prevención de riesgos laborales.

Así como la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, que aconseja “establecer pausas para la ingesta de comidas calientes, no menos de 45 minutos”, así como “no trabajar nunca de noche en solitario”.

“Transcurrido todo este tiempo, algo ha cambiado en las unidades del SIVE, que ahora prestan un servicio en peores condiciones laborales que hace cuatro años”, destaca la AUGC.

“Si en 2010 la Guardia Civil no se preocupaba por la salud de sus componentes, en la actualidad la situación ha empeorado tanto que el servicio es prestado por menos efectivos de los necesarios”, señala el colectivo.

Por ello, asegura, “no se puede cumplir con los descansos que la normativa de en prevención de riesgos laborales estipula para la visualización de pantallas”. Así, añade que “muchos de los efectivos destinados en los SIVE prestan servicios en ‘unidades fantasma’ o se encuentran comisionados en otras unidades por tiempo superior al reglamentario”.

Estas nuevas normas se han puesto en conocimiento de la actual Delegada del Gobierno en Canarias, “con la finalidad de que imparta las instrucciones precisas para que la cadena de mando de la Guardia Civil cumpla con las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales a la que están obligados por la distinta normativa”.