La asociación Entre Mares ha guardado un minuto de silencio este miércoles en Fuerteventura por la muerte de una mujer embrazada que falleció en la neumática que trataba de llegar a Lanzarote, y ha denunciado que su fallecimiento es consecuencia de “la sinrazón y la crueldad de las políticas de blindaje de la Unión Europea”.

Representantes de la asociación y personas vinculadas al activismo y a la acogida de inmigrantes se han concentrado ante la sede de la Delegación del Gobierno en la Fuerteventura para mostrar “su más profundo dolor y solidaridad” con la familia de la mujer embarazada.

La técnica del servicio, María Greco, ha leído un comunicado en el que también han mostrado su solidaridad por las familias de las 81 personas fallecidas y las 500 desaparecidas en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Grecia el pasado miércoles y a las que, pese a que era conocida su posición y la precariedad en la que se encontraba la embarcación, no fueron auxiliadas.

“No vamos a permanecer en silencio ante lo inhumano de estas muertes, ni ante los abusos extremos de los derechos humanos de estos viajes en los que a nadie le importa si vives o mueres”, ha asegurado durante la lectura del discurso.

Desembarco del cadáver de la mujer fallecida. Foto: Adriel Perdomo.

Entre Mares ha recordado que el mismo 20 de junio que se conmemoraba el Día Internacional de las Personas Refugiadas “nos enfrentábamos a la muerte en el mar de una mujer embarazada, causada por las políticas migratorias y de fronteras que niegan sistemáticamente los visados a casi todas las personas de los países del continente africano y por la falta de vías seguras para migrar o el veto a la libre circulación”.

Tras enumerar una serie de vulneraciones hacia el colectivo migrante, Greco ha recordado que, cuando se niegan los derechos a las personas migrantes, “los derechos de toda la ciudadanía están en riesgo”.

Entre Mares ha lamentado que las modificaciones de la Ley de Extranjería sigan permitiendo la vulneración de los derechos humanos “con total impunidad como la privación a un trabajo digno, las devoluciones en caliente, las muertes en la valla o en el nuestras costas” o vetos al acceso a derechos fundamentales como la salud.

También a una retórica xenófoba que “alienta” la violencia contra las personas migrantes en situación irregular o a políticas de seguridad de fronteras, de construcción de muros y alambradas implementadas por los estados.

Asimismo, la asociación majorera que vela por los intereses de los migrantes ha asegurado que lo que “se está haciendo es claramente insuficiente”, pues “no se está realizando lo posible para ofrecer seguridad y esperanza a quienes se encuentran en situaciones desesperadas”.