El Tribunal Supremo revisará el próximo miércoles día 13 en vista pública las condena dictadas contra el fundador del PIL, Dimas Martín, el ex viceconsejero de Justicia del Gobierno canario Francisco José Rodríguez-Batllori y otras tres personas por delitos de malversación de caudales públicos en contratos realizados por el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa pública Inalsa.

La Sala del Tribunal Supremo que verá los recursos de todos los condenados en esta causa estará presidida por Julián Sánchez Melgar y el ponente de la sentencia será Carlos Granados.

La Audiencia Provincial consideró probado que Rodríguez Batllori y Martín cometieron delitos de malversación y prevaricación al pagar con cargo a fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de la sociedad Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) las gestiones que el primero hacía como abogado en favor del segundo.

La Audiencia condenó a Dimas Martín en esta causa por un delito continuado de malversación de caudales públicos y prevaricación a 5 años, 6 meses y 22 días de prisión y 10 años y 10 meses de inhabilitación absoluta al considerarle criminalmente responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

A José Rodríguez-Batllori Sánchez se le condenó a siete de cárcel por varios delitos relacionados con los mismos hechos y también se encontró a María Luisa Blanco, ex concejal del PIL, culpable de los mismos delitos que los anteriores salvo falsificación, imponiéndolo cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta.

También se dictó pena de cinco años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta para Plácida Guerra Cabrera, ex consejera delegada de Inalsa y persona de confianza del fundador del PIL, y la misma condena para Rafael Elorrieta, que fue gerente de la compañía de aguas.

Por su parte, la Audiencia dictó un año de prisión y tres de inhabilitación para José Miguel Rodríguez, ex concejal de Hacienda en Arrecife por el PIL, que reconoció los delitos cometidos en el juicio.

Cobros ilegales

En este caso, la sentencia consideró probado que Rodríguez Batllori cobró ilegalmente 45.835 euros del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa por servicios de asesoramiento a ambas entidades que nunca llegó a realizar y que, en realidad, tampoco le podrían haber contratado, dada su condición de funcionario del Gobierno de Canarias, lo que le impedía cobrar de más de una administración.

El tribunal declaró acreditado que el exviceconsejero de Justicia de Canarias, de CC, pudo recibir esos ingresos gracias a la mediación de Dimas Martín, fundador del PIL, que en aquellos momentos cumplía en prisión dos condenas por delitos de cohecho, malversación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.

La sentencia dictaminaba que, a pesar de estar retirado oficialmente de la política por esas condenas, Dimas Martín seguía siendo desde la cárcel "el factótum de Lanzarote", la persona que podía conseguir prácticamente cualquier cosa en la isla gracias al "notable poder" que conservaba sobre los cargos públicos del PIL.

Eso, dijo el tribunal en los fundamentos de resolución, "lejos de ser una leyenda urbana", como intentó alegar el propio Dimas Martín durante el juicio, se ha demostrado en este caso que es "una realidad".