El tesorero del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, ha advertido en un informe que el contrato con la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos SA, que el Partido Popular ha pedido que sea objeto de una comisión de investigación, ha generado “casi una administración paralela” y ha mostrado su “desacuerdo” con el mismo.

El Ayuntamiento suscribió un contrato con la citada empresa para el servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión, notificación, recaudación voluntaria y ejecutiva de las multas de tráfico. El citado funcionario destaca que “las labores de recaudación a que se refiere el contrato”, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, “están reservadas por ley al tesorero”.

Así, el tesorero de Arrecife señala que “únicamente” se pueden externalizar labores de asistencia y de apoyo administrativo. “No es admisible lo que parece ocurrir en la práctica”, que la empresa “se dedique a la tramitación global de expedientes y procedimientos administrativos, actuando el funcionario en la firma de los documentos precisos”, destaca.

Destaca que “las labores de recaudación a que se refiere el contrato”, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, “están reservadas por ley al tesorero”

“Para ser más concretos”, abunda el tesorero, la empresa, “con su propia estructura de personal, organizativa” e “informática”, realiza la “gestión integral del expediente de recaudación, incluso en periodo ejecutivo elaborando providencias de apremio y demás actos administrativos del procedimiento recaudatorio”.

Con esta dinámica, “el tesorero se dedica a extender la firma en ellos sin que se tenga la garantía de que el procedimiento haya sido tramitado por el personal funcionario del Ayuntamiento”. El tesorero recalca que hay jurisprudencia legal que rechaza “la contratación de este tipo de servicios”.

Rechaza entregar información de cobros

Otro aspecto que destaca el tesorero en su informe es que la empresa ha reclamado “la información de los cobros que se han realizado de las multas tramitadas”. Una información que se encuentra en unos discos que cada 15 días recibe el departamento de Recaudación de los bancos, junto al resto de ingresos del Ayuntamiento.

“Esta información”, advierte el tesorero, “debe ser proporcionada al departamento de Sanciones” del Ayuntamiento capitalino, que es el que “debe gestionar expedientes”, y “no a la empresa adjudicataria” del citado servicio.

“Desacuerdo con la existencia del contrato”

Además, el tesorero resalta su “desacuerdo con la existencia del contrato” con la empresa para la recaudación de multas de tráfico y aclara que no puede “firmar ninguna providencia de apremio ni ningún otro acto del procedimiento recaudatorio que no esté tramitado por funcionario del Ayuntamiento”.

Rechaza una factura de la empresa

Entre las conclusiones del informe, de marzo pasado, el tesorero del Consistorio capitalino subraya que “debe rechazarse y devolverse” a la empresa la factura que presentó en diciembre, por importe de 49.485 euros, “en la que hace un cálculo estimado del precio que asciende, según contrato al elevado porcentaje del 30 por ciento”.