La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de  casación que había presentado la sociedad Hotel Princesa Yaiza contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que anulaba el convenio suscrito entre la empresa Getsu No Denwa y el Ayuntamiento de Yaiza, que permitía a esta sociedad ocupar varias zonas verdes públicas municipales en Playa Blanca, entre las que se encuentra el suelo donde se ubica el Kikoland, una zona infantil vinculada al Princesa Yaiza.

El Ayuntamiento anuló en diciembre de 2016 ese convenio, del año 2004, por considerar que era lesivo para los intereses municipales, y ahora el Supremo ha zanjado el asunto inadmitiendo el recurso por falta de fundamentación y carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, ya que la causa está vinculada solamente a la declaración de nulidad de varios puntos concretos del convenio. El Tribunal impone las costas a la parte recurrente.

Sobre este convenio hay otro pleito más, que aún se encuentra en primera instancia, interpuesto por la sociedad que gestiona el Hotel Hesperia Playa Dorada, que ocupa un suelo público donde había un minigolf, que en la actualidad ya no se utiliza. Las parcelas suman más de 30.000 metros.

El Ayuntamiento de Yaiza permitió, bajo la presidencia de José Francisco Reyes, que varias empresas hoteleras ocuparan zonas verdes municipales sin pagar canon y sin informes jurídicos, técnicos o de fiscalización. En los planes parciales de Costa Papagayo y Montaña Roja, la ocupación alcanza los 130.000 metros cuadrados.

En 2014 se inició un proceso de recuperación y algunas de esas zonas ya se han desocupado. En el Hotel Casa del Embajador se derribó un almacén y se han despejado las dos canchas de tenis, aunque la zona sigue vallada. La propiedad ha reconocido ante el Ayuntamiento que no tiene la titularidad sobre ese suelo.

Tanto el hotel Hesperia como el empresario Juan Francisco Rosa recurrieron la anulación del convenio. Ahora, tras el auto del Supremo, el Ayuntamiento ha instado, en primer lugar, al Registro de la Propiedad a que elimine, de la ficha registral de ese suelo, las cargas de ese convenio, ya que existe una anotación por la que Getsu No Denwa mantiene el uso durante 50 años.

El segundo paso sería instar un procedimiento de desahucio administrativo, que deberá aprobarse en pleno, y su aprobación permitiría al Ayuntamiento tomar la posesión del suelo.

Por otra parte, por estos hechos se sigue un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife, por una denuncia de Podemos, en el que están investigados el exalcalde José Francisco Reyes, el exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, y los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, que tendrán que declarar en febrero.

Los hoteles ilegales

El Ayuntamiento continúa con el proceso de regularización de los hoteles ilegales de Playa Blanca, que deben obtener una licencia en base al Plan General aprobado en 2014. Ya se han finalizado varios expedientes, con su regularización, como los del Rubicón Palace y Natura Palace en Playa Blanca, o los de los dos hoteles de Puerto Calero, entre otros, que ya han conseguido licencia.

Hay otros expedientes que aún no han finalizado y varios que presentan problemas. Uno de ellos es el del Hotel Papagayo Arena, que ha presentado un nuevo proyecto arquitectónico ante el Ayuntamiento que le permita, realizando reformas o derribos parciales, legalizarse.

El Hotel Princesa Yaiza levantó el techo de algunas zonas, que era un requisito para rebajar su edificabilidad, y debe conseguir la autorización de Turismo si destina un número determinado de habitaciones a uso interno y no a uso alojativo. En el caso del Hotel Gran Castillo debe liberar un paso hacia la playa para poder legalizarse.

El último proyecto del Son Bou planteaba el derribo de 1.500 metros cuadrados de superficie cuando se tienen que eliminar 6.000 metros construidos de más

Por su parte, el Hotel Son Bou continúa con problemas porque debe derribar 6.000 metros y el último proyecto de demolición parcial que presentó solo eliminaba 1.500. Igualmente, el Ayuntamiento reclama al empresario el pago del canon de los cinco últimos años por el uso del túnel subterráneo entre ese hotel y el Princesa Yaiza, por el que nunca ha pagado. Adeuda más de 120.000 euros.

También se está llevando a cabo un proceso de regularización de las licencias residenciales, principalmente en el plan parcial Playa Blanca, que se dividió en dos unidades de actuación. La ordenación de una de ellas está aprobada de forma definitiva y, en la otra, las cargas de urbanización las debía pagar una empresa hotelera, Nova Maexpa, que entró en concurso de acreedores.

No obstante, ya hay otra empresa interesada en la compra de esa parcela con sus derechos edificatorios, donde se podría levantar un hotel, pero tendrían que pagar, aproximadamente, un millón de euros de gastos de urbanización.