El Tribunal Supremo inadmitió el pasado mes de enero el recurso de casación presentado por el Consorcio insular del agua de Lanzarote. Se hace firme así la sentencia favorable a Canal Gestión del año 2021 sobre la subida de las tarifas. Las cuentas de Canal Gestión Lanzarote de 2022 hablan de una deuda de más de 12 millones, pero con la acumulación de los meses más los intereses de demora, esta deuda, según las fuentes consultadas, ya llega hasta los 15 millones de euros y podría llegar a los 19 a final de año.

El pleito se remonta al año 2017. Según el contrato firmado en junio de 2013 entre el Cabildo y la empresa madrileña de aguas, el Consorcio debía actualizar las tarifas del agua a partir de ese año y de forma anual aplicando una subida que consistía en aplicar el Índice de Precios al Consumo (IPC) más el uno por ciento. El entonces presidente, Pedro San Ginés, que comenzó a tramitar la subida, la paralizó y decidió no hacerla al considerar que había una controversia respecto a la interpretación del contrato.

La redacción del contrato dejaba poco espacio para la interpretación, pero el Consorcio decidió judicializar el problema para no afrontar una subida antes de las elecciones de 2019. Alegaron que había diferencias de interpretación entre los técnicos y la jurista del Consorcio sobre el procedimiento a seguir y que el Consorcio interpretaba que se debían actualizar los precios sobre la base de los costes de producción y no sobre toda la factura, lo que daba como resultado una subida inferior.

En febrero de 2020 la primera sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Las Palmas de Gran Canaria ya fue contraria al Consorcio. Solo se ocupaba de la subida de 2017, 2018 y 2019 y daba un resultado acumulado de 3,3 millones. Según las cuentas de Canal, la subida para 2017 debía haber sido del 2,3 por ciento, en 2018 del 2,1, en 2019 del 2,4, en 2020 del 1,4, en 2021 del 0,9 y en 2022 del 6,8 por ciento. En los últimos años el IPC ha subido de forma significativa. La subida acumulada para las facturas del agua a los usuarios, cuando se aplique, al margen de esta deuda, ya es casi de un 25 por ciento respecto a lo que se paga ahora.

El nuevo grupo de gobierno del Cabildo tendrá que decidir cómo y cuándo se paga la deuda: si lo hace el propio Consorcio con fondos propios, si lo hace con los beneficios de Inalsa por los parques eólicos o si se aplica la subida a los usuarios con carácter retroactivo. Por otra parte, en las cuentas de 2022 se refleja un pago de 1,5 millones “transferidos por el Consorcio del Agua de Lanzarote, como pago a cuenta del incremento de tarifas reclamado”, sin más explicaciones.

El primer intento de subida se frustró en abril de 2019, un mes antes de las anteriores elecciones municipales. El entonces consejero delegado del Consorcio del Agua, Echedey Eugenio, retiró “por razones de oportunidad” de forma unilateral la propuesta de subida que había enviado unos meses antes a la Comisión de precios de Canarias.

Poco después de tomar posesión Loli Corujo, denunció esa maniobra de CC. Habló de que era un “asunto de gran magnitud y gravedad para los intereses económicos del Consorcio” y que iba a valorar las posibles responsabilidades penales de la decisión adoptada por Eugenio “sin que mediaran informes técnicos y jurídicos y sin el conocimiento de los ayuntamientos”.

Sin embargo, Corujo mantuvo el pleito y finalizó su mandato en la presidencia del Cabildo sin aprobar la subida. Este pasado mes de mayo, Pedro San Ginés aseguraba que se había incluido en el orden de una asamblea del Consorcio celebrada en mayo de 2021 la subida de las tarifas del agua entre 2019 y 2021, que tampoco se habría culminado.

La segunda sentencia es de julio de 2021, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En ella se destacaba que la Administración “no puede llevar a cabo una modificación unilateral del contrato” y que el proceso para la subida requiere que la Comisión de Precios de Canarias apruebe primero las tarifas. La sentencia no reconoce una cantidad determinada pero obliga a que se someta  a la Comisión de Precios de Canarias “para que exista una cantidad líquida, vencida y exigible”.

La modificación de las tarifas debe ser sometida por el concesionario al Consorcio para su aprobación antes el 31 de enero del ejercicio en que deban ser aplicadas y el Consorcio las aprobará en asamblea antes del 15 de febrero. Sobre la fórmula a aplicar, el fallo dice que es la que se establece en la oferta que acompaña al contrato, la del IPC más el uno por ciento. Canal también solicitaba una compensación por el posible desequilibrio económico de la concesión, pero el fallo dice que primero deben ser fijadas las tarifas incrementadas para la comprobación o no de dicho desequilibrio, y que se debe abrir otro expediente a tal efecto.

Pérdidas

Las pérdidas de Canal Gestión Lanzarote no son solo de agua. Durante el año pasado, las redes de distribución perdieron 15,8 millones de metros cúbicos de agua, lo que supone un 56,42 por ciento de la producción total. Esas pérdidas también se reflejan en las cuentas convertidas en pérdidas económicas, junto al aumento del precio del combustible, que están poniendo a la empresa en situación complicada.

Los resultados son nefastos. En los dos últimos ejercicios, las pérdidas son de 28 millones de euros, de los que 12,3 son del año 2022.  El patrimonio neto de la empresa es de 50 millones de euros con un fondo de maniobra negativo de 7,5 millones.

“Estos fondos propios negativos son consecuencia de los malos resultados de los dos ejercicios precedentes, por el enorme impacto de la pandemia y la caída del turismo en la cifra de negocios, además del efecto producido por la escalada de los precios de la energía, y la imposibilidad de actualizar las tarifas. Pese a la importante mejora en los ingresos en el ejercicio 2022, décimo de actividad de la Sociedad, el encarecimiento de la energía no ha permitido equilibrar el resultado”, se puede leer en las cuentas.

Canal Gestión Lanzarote tiene un crédito suscrito con Canal de Isabel II por un importe máximo de 153 millones de euros “que le permitirá cumplir con sus compromisos de pago e inversiones”. Según la propia empresa, “existe evidencia razonable sobre la recuperación” siempre y cuando se suban las tarifas.

El ciclo integral del agua necesita una gran cantidad de inversiones millonarias para poner a punto el servicio de producción, almacenamiento, distribución y reutilización. Los compromisos inversores de la empresa, que tasa en más de 60 millones de euros desde el año 2013 (de las que 3,4 millones de euros aún se estarían ejecutando) prácticamente han finalizado. Para 2023, Canal Gestión solo prevé una inversión de poco más de un millón de euros.

En la memoria de las cuentas anuales también se refleja la posibilidad de que se considere nula la adjudicación del contrato, por un pleito instado por Club Lanzarote. En ese caso, según Canal Gestión, tendría derecho a una compensación por los siguientes conceptos: el importe del canon inicial actualizado conforme a los tipos de interés, el importe de las inversiones ejecutadas, las pérdidas operativas o de explotación soportadas durante los ejercicios en los que haya ejecutado el contrato y “la reparación de cualesquiera otros daños emergentes derivados de la nulidad”.

En cualquier caso, la cantidad probablemente excedería de los 200 millones de euros. “Ninguna de las partes involucradas en el proceso de Club Lanzarote ha incoado procedimiento para solicitar la declaración de nulidad del procedimiento de adjudicación de la concesión”, dice la Memoria.