Mar de fondo en el área de Farmacia del Servicio Canario de Salud (SCS). Una investigación interna abierta a raíz de la denuncia interpuesta por una distribuidora de productos de nutrición clínica, dirigida contra funcionarios del organismo autónomo por un presunto trato de favor a multinacionales del sector y apoyada en quejas de médicos y pacientes, ha provocado el primer movimiento de piezas en forma de destitución de la hasta ahora jefa del servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación, Fidelina de la Nuez, la principal señalada.

La versión oficial, expresada a este periódico por el consejero de Sanidad del Gobierno regional, Jesús Morera, es que se trata de un relevo “natural” en este puesto de libre designación, motivado por el regreso del inspector médico Alberto Talavera, que en la legislatura 2003-2007 fue director general de Farmacia y que el pasado 15 de febrero cesó a petición propia como máximo responsable del Área de Salud de Tenerife, cargo que ostentaba desde finales de 2010.

Sin embargo, fuentes oficiosas de la Consejería de Sanidad y extraoficiales conocedoras del caso confirman que la degradación de la inspectora farmacéutica Fidelina de la Nuez, que regresa a la jefatura de sección -un rango inferior jerárquicamente, al que se accede por concurso- , está vinculada a sus actuaciones en la autorización de los tratamientos de dietoterápicos, productos que están financiados en su totalidad por el Sistema Nacional de Salud y que, por lo tanto, deben ser prescritos por los médicos y visados por la inspección, departamento en el que trabaja. Los comúnmente denominados batidos nutricionales están indicados para pacientes quirúrgicos y para aquellos con patologías crónicas (cáncer, SIDA, trastornos neurodegenerativos, síndrome de mala absorción...) que requieren un soporte de nutrientes específico.

Según consta en documentos a los que ha tenido acceso este periódico, el departamento de visados ha autorizado tratamientos con productos de multinacionales para pacientes que no cumplían con parámetros exigidos en los protocolos de actuación (niveles de proteínas, albúminas y peso -índice de masa corporal- por debajo de los valores recomendados). Además, cirujanos, médicos de Atención Primaria y familiares de pacientes han denunciado en escritos dirigidos a las autoridades sanitarias que los tratamientos en los que los facultativos prescriben un producto distinto a los comercializados por las principales marcas del sector son denegados cuando no cambiados “por sistema” por otros de estas multinacionales. En algunos casos, según las quejas formuladas por los galenos, ocasionando un importante perjuicio para la salud de los enfermos.

Las suspicacias en torno a la actuación de Fidelina de la Nuez y otros funcionarios de la inspección médica surgen a finales de 2011, fecha en la que Nutricer, una distribuidora con sede en Gran Canaria, irrumpe en un sector dominado entonces y ahora por las multinacionales -los laboratorios Nestlé, Nutricia, Abbott y Fresenius Kabi acaparan en la actualidad más del 81% de la cuota de mercado en el Archipiélago-. Tras un notable crecimiento inicial, dada la buena aceptación de sus productos en diferentes especialidades médicas, Nutricer comienza a toparse con las primeras trabas en el departamento que expide los visados, que recela de la nueva marca.

La propia De la Nuez menciona a esta empresa en la denuncia que interpone contra una médico de Atención Primaria por cuestiones no relacionadas con la prescripción de dietoterápicos. En este escrito, que da lugar a la incoación de un expediente sancionador contra la profesional sanitaria, la jefa de Farmacia ahora relegada expone que la facultativa había emitido un alto número de prescripciones de productos de la marca que comercializa Nutricer, laboratorio del que, dice, “se había detectado ya previamente una incidencia agresiva en el área de Salud de Gran Canaria”. En ese momento, junio de 2013, las ventas de Nutricer representaban aproximadamente el 11% del total en las Islas y el 17% en Gran Canaria.

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