En la última edición del Foro Global Sur, en Jameos del Agua, el empresario navarro Antonio Catalán, presidente de la cadena hotelera AC-Marriot, decía que no entendía cómo Canarias podía rozar el noventa por ciento de ocupación y simultáneamente el 30 por ciento de paro. Y poco después, en una respuesta anticipada, aseguraba que en Canarias no manda Paulino Rivero, sino los touroperadores Tui y Nekerman. Esto lo decía en el mes de octubre del año pasado y la situación, obviamente, no ha cambiado.

La pasada semana volvía la Feria Internacional de Turismo (Fitur), y con ella los discursos triunfalistas y las buenas expectativas sobre la marcha del turismo. Mientras en Madrid se habla de “moderada satisfacción” y se presenta la cifra récord de 2,4 millones de turistas en 2014, en la Isla la cola del paro no disminuye y la encuesta de población activa arroja un 31 por ciento de desempleo.

Los empresarios de la Isla siguen acudiendo a la misma explicación. “Tenemos un techo alojativo y el sector no parece que pueda reducir el paro”, dice Juan de León, presidente de la Confederación de empresarios, que asegura que los hoteles tienen que tener el mismo personal tanto si la ocupación es del cincuenta por ciento como si es del cien por cien.

De León señala que del empleo podrían tirar las “empresas colaterales”, es decir la restauración y los servicios, pero apunta al lastre del todo incluido. El gasto turístico en los últimos 14 años ha aumentado en 19 euros por persona y día, pero todo ese aumento ha ido a engordar el gasto en origen. El dinero que se gasta el turista en la Isla es exactamente el mismo que en 2001.

Los empresarios de la Isla siguen acudiendo a la misma explicación: “Tenemos un techo alojativo y el sector no parece que pueda reducir el paro”

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, además de paro y de esqueletos de cemento, dejó dos certezas: que era el sector de la construcción el que tiraba de la economía y del empleo y que nadie sabe decir en qué otro sector se van a poder integrar todos los parados del ladrillo. Y una tercera: que nadie quiere volver a eso porque los beneficios son a corto plazo y las consecuencias se extienden en el tiempo.

El Plan Insular, que lleva siete años de tramitación y que tampoco se va a aprobar antes de las próximas elecciones, tenía como finalidad poner las bases de la diversificación económica, según decía al principio su redactor José María Ezquiaga, porque “la crisis lo cambia todo”. La diversificación, como el Plan, de momento sigue perteneciendo al campo de lo deseable.

Mala calidad del empleo

Hay, en todo caso, una situación que va más allá del problema del paro, y es el problema del trabajo. Más concretamente, de la calidad del trabajo y las condiciones laborales. La situación económica y la reforma laboral del Partido Popular, entre otros factores, han empujado hacia una precariedad generalizada, sobre todo en el sector turístico. Los denostados mileuristas de hace pocos años son hoy el horizonte al que aspiran muchos ciudadanos.

Así lo reconocen claramente en los sindicatos. Coralia Lobato, secretaria de Intersindical Canaria, señala que los contratos a tiempo parcial son el pan nuestro de cada día “pero se trabaja la jornada completa y muchas veces no se pagan las horas de más o se paga en negro”, y que hay persecución a los delegados sindicales en muchos centros de trabajo. Lobato advierte de la proliferación de contratos por días, y hasta por horas, con una media de tres meses.

Intersindical señala que los contratos a tiempo parcial son el pan nuestro de cada día “pero se trabaja la jornada completa y muchas veces no se pagan las horas de más o se paga en negro”

“Con un contrato de tres horas por semana ya no apareces en las estadísticas del paro”, dice Ramón Pérez Farray, de Comisiones Obreras. Farray asegura que con una ocupación “histórica” no solo no se ha generado empleo sino que el sector turístico ocupa ahora a menos personas que hace unos años. “Hay más trabajo y menos trabajadores, con lo que hay mucha más carga de trabajo”. Este sindicalista también pone el acento en los contratos a tiempo parcial, en el fraude y en la explotación: “Las camareras de piso pueden hacer hasta 25 habitaciones, el doble que antes, y si te coges la baja vas a la calle”.

Los casos de trabajadores que reclaman sus derechos en los Juzgados se cuentan por cientos. Por el despacho de abogados como Camilo Martínez pasan casos como el de una mujer que realizaba cada semana 16 horas extras en una empresa de handling en el aeropuerto y no las cobraba. “Y realizar trabajos de superior categoría sin que se vea en el salario es algo ya común, incluso en algunas administraciones”, señala este abogado, que también advierte de que se aplican despidos disciplinarios “que suelen esconder otra realidad”.

Contratos de formación para cubrir puestos de trabajo

Por el despacho de Andrés Barreto también pasan incumplimientos de todo tipo, como una joven con contrato de formación, en una tienda de ropa, que fue despedida por coger horas para examinarse. Es más, llevaba un mes trabajando y aún no le habían hecho el contrato. O la de una trabajadora de una gran superficie de alimentación, también con contrato de formación que trabajaba los festivos, algo que no permite la ley, a la que ordenaban quedarse una hora más cada día sin pagar, o dos cuando el compañero estaba de vacaciones. Tras un año trabajando, cuando reclamó su derecho a formación, la despiden por una queja de un cliente. Trabajaba más de cuarenta horas semanales por 706 euros.

A estos casos se puede sumar el de una mujer que, pocos días después de entrar a trabajar en un restaurante, pide la baja por quedarse embarazada y la echan por no superar el periodo de prueba. Ni siquiera le habían llegado a contratar aunque había trabajado dos semanas. También está el caso de una camarera de piso que trabajaba en un hotel de tres estrellas contratada por una ETT por la mitad del salario que fija el convenio provincial: más de ocho horas al día limpiando por 737 euros. O el de un camarero que, en lugar de hacer las 40 horas semanales y descansar dos días, trabajaba 48 y descansaba sólo uno.

CC.OO. dice que “hay mucha economía sumergida, si no, no se entiende que no haya revuelta social. Se ha retrocedido mucho en derechos, mucho”

Barreto señala que, según sus cálculos, sólo reclama un diez por ciento de los trabajadores afectados porque la reforma laboral del PP ha hecho daño “pero también ha generado un efecto en el que el trabajador se autoconvence de que no tiene derechos”. Pérez Farray, de CC.OO., por su parte, considera que el fraude es generalizado y que se fomenta. “Hay mucha economía sumergida, si no, no se entiende que no haya revuelta social. Se ha retrocedido mucho en derechos, mucho...”, señala.

Desde la Confederación de empresarios, De León no lo ve así, considera que el fraude no es generalizado, que la mayoría de los empresarios cumple con la ley y que la preocupación principal es la de poder crear empleo. “A mí me fastidia que los empresarios incumplan y me perjudica, a mí y a todos, que haya economía sumergida”, asegura.

El caso de Manuel

Más sangrante es el caso de Manuel Paredes, con un 36 por ciento de discapacidad tras varias operaciones, contratado por una empresa de las llamadas de responsabilidad social para trabajar en un hotel de cinco estrellas de freganchín. Según dice, se quedaban 300 euros de su sueldo de forma ilegal y trabajaba como cualquiera: “Te explotan igual o más porque no sólo es fregar, es estar acarreando bandejas y carros...”.

El esfuerzo ha hecho que ahora esté de baja, que la mutua no le pague y que tampoco le den el alta para poder cobrar el paro. Hace tres meses que no tiene ingresos y su situación es desesperada. La colección de derechos que no se respetan es interminable.

Farray dice que se suelen hacer más horas de las que dicta el convenio colectivo y que se suelen pagar en negro, “y que en algunos hoteles se hace firmar la baja voluntaria sin fecha a la vez que se firma el contrato de trabajo”.

También se dan casos de estudiantes en prácticas que se pasan meses “pelando papas” y sin cobrar, y los que sí cobran, como en una empresa de limpieza del aeropuerto, tienen un salario de 643 euros por 40 horas semanales, unos euros por debajo del salario mínimo interprofesional.