El recurso del Gobierno de Canarias a la sentencia que anuló el Plan Especial del paisaje protegido de La Geria, rechazado de plano por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), sigue trayendo cola. La consejera de Política Territorial del Ejecutivo autonómico, Nieves Lady Barreto, será interpelada en el Parlamento de Canarias.

La diputada socialista Dolores Corujo, parlamentaria por Lanzarote y alcaldesa de San Bartolomé, ha registrado una pregunta al respecto para ser formulada de manera oral ante el pleno del Parlamento de Canarias.

“¿Cuáles han sido los motivos para recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula el Plan Especial de La Geria?”, es la pregunta formulada por la diputada lanzaroteña.

El TSJC rechazó de forma radical el recurso del Gobierno de Canarias y, de hecho, destacó en un auto que no cumplía los requisitos para tramitarlo, denegando su remisión al Tribunal Supremo.

El Cabildo de Lanzarote, al contrario que el Gobierno de Canarias, decidió no formular recurso de casación ante la sentencia que anuló el Plan Especial de La Geria, al entender sus servicios jurídicos que no tendría posibilidades de prosperar, como finalmente ha sucedido.

De hecho, desde la Consejería de Política Territorial del Cabildo se apuntó que el Gobierno de Canarias le había trasladado que no presentaría recurso a la resolución judicial. Sin embargo, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma lo presentaron el 29 de diciembre alegando la “infracción de normas de derecho estatal”.

“Un error”, según Clavijo

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, señaló en ‘El Debate de La 1 Canarias’ que el recurso había sido “un error” y que había pedido “disculpas” por ello al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. Según Clavijo, se dieron “instrucciones” para “no recurrir” porque los servicios jurídicos entendían que no había motivos.

El presidente situó el origen del “error” en la Viceconsejería de Política Territorial, aunque consideró que no ha había “habido mala fe”. “Es normal que las administraciones públicas traten de defender sus actos jurídicos”, añadió.

Anulación “radical”

En el auto que rechaza el recurso del Gobierno, el tribunal destaca que no se identifican “con precisión” las normas y jurisprudencia “que se consideran infringidas”. La sentencia que tumbó en noviembre el Plan de La Geria destaca que el planeamiento se anuló de forma “radical” por el TSJC en 2012 y que el Gobierno, en vez de comenzar desde el principio la elaboración del nuevo Plan, convalidó y conservó trámites, lo que no cabe en ningún caso.