El PSOE se sumó este miércoles en el pleno del Parlamento a las críticas de la oposición a la gestión de la dependencia en las islas, durante una comparecencia a petición propia de la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, quien sostuvo que la comunidad autónoma está en la media del Estado y no a la cola en la aplicación de la Ley.

"En Canarias, la Ley de Dependencia se ha llevado de forma muy equivocada", dijo a la consejera la representante del PSOE Rosa Guadalupe Jerez, mientras que el Milagros Bethencourt, del PP, y Carmen Hernández, de Nueva Canarias, reprocharon a Inés Rojas que no reconozca sus errores, paso imprescindible para empezar a corregirlos.

Inés Rojas insistió en que la dependencia en Canarias, al igual que en el resto de comunidades autónomas, no tiene un problema de gestión, sino de financiación por parte del Estado, y justificó que las islas aparezcan en los últimos lugares estadísticos sobre su aplicación por la no inclusión de datos sobre todos los servicios que se prestan por las dificultades en la adaptación del sistema sociosanitario canario anterior a la ley estatal de 2007.

"No digo que la dependencia sea una realidad al 100% y que no haya ningún tipo de problema, digo que Canarias está avanzando y que si Canarias no avanza más es por un problema de dinero y no por un problema de gestión", afirmó Inés Rojas, y subrayó que si en todos estos años no se ha rendido ante las críticas es porque tiene la convicción de que hace lo que tiene que hacer.

Rosa Guadalupe Jerez acusó al Gobierno central de "demoler" la Ley de Dependencia reduciendo el presupuesto, pero señaló que en el caso de Canarias su desarrollo "se ha llevado de una forma muy equivocada".

Canarias aparece en el último lugar en todos los informes, muchos dependientes han muerto sin prestación, otros han sido valorados pero siguen "en el limbo de la dependencia" y se esperan hasta dos años en recibir un servicio, denunció la representante del PSOE.

Milagros Bethencourt, del PP, acusó de cobardía a la consejera, por echar la culpa a agentes externos después de siete años en ese departamento, y recordó que ya en 2010 la actual consejera de Empleo, Francisca Luengo, del PSOE, acusaba a Paulino Rivero y a Inés Rojas de boicotear la Ley de Dependencia y de dejar morir a 1.500 dependientes sin prestación.

"Ahora son 4.245 las personas que han fallecido en los últimos tres años con su dictamen de dependencia y sin prestación", dijo Bethencourt.