El profesor Luis Alberto González, que imparte la asignatura de religión en el Instituto Salinas de Arrecife, se ha incorporado esta semana a las clases a la espera de que se resuelva su “anómala situación laboral”, como él mismo la define.

Así, ha sido “cesado” por el Obispado de Canarias después de hacer público que había contraído matrimonio homosexual pero cuenta con un “contrato renovado por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias” para el curso que comienza en los próximos días.

“Como en cursos anteriores me he incorporado a los centros de secundaria donde tengo destino en Lanzarote”, señala González, quien destaca que “el debate público que se ha generado a raíz de esta situación puede ser interesante de cara a decisiones políticas o eclesiales futuras, pero el futuro no soluciona mi situación actual”.

“Mi caso no se puede resolver desde las opiniones, sino desde la legislación vigente”, añade el docente. “Si dejamos de lado las sensibilidades ideológicas, sólo queda un proceso administrativo ligado a un engorroso ordenamiento legal”.

“Las personas maduramos, la vida es movimiento”, afirma González, quien destaca que por eso comunicó su “situación” al Obispado. “Sólo puede cuestionar mi proceder, que implica evolución en mi manera de pensar y obrar, quien vive inmóvil como un cadáver”, agrega el profesor.

González destaca el “miedo” que “tienen algunos a afrontar y normalizar situaciones como un matrimonio homosexual”. “Aunque sueñe con otra Iglesia, tenemos la institución católica que tenemos”, añade. “No me sorprende que sean clérigos quienes en este debate insisten en que debo renunciar, y es que cuando se cuenta con un sueldo asegurado de por vida los derechos del trabajador se ven como minucia”, afirma.

González reconoce que “en casos parecidos” al suyo, en el que profesores fueron apartados de su trabajo por “criterios morales”, el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fallaron “a favor de la Iglesia”.

El docente resalta que no es él “quien pone en un brete a las dos instituciones implicadas”, la Iglesia y el Gobierno de Canarias, que “están en un dilema por la normativa emanada de ellas mismas”.

"Urge una respuesta que clarifique mi situación como trabajador", reclama el docente

También cuestiona “a qué está jugando el Vicario Hipólito Cabrera con este expediente, pues afirma que en mayo dio curso a mi cese en la Consejería de Educación pero a mí no me envía comunicación hasta que el tema salta a los medios, cuando un proceso así se inicia con la notificación al interesado”.

“Ahora mismo”, subraya, “urge una respuesta que clarifique mi situación como trabajador y que evite problemas a los padres y madres que matriculan a sus hijos en religión católica en los centros públicos donde trabajo”, puesto que “el derecho a la libertad religiosa no es sólo individual, también es colectivo”, afirma.

“Si el Obispo Cases está en una situación incómoda y tiene que tomar decisiones, gajes del oficio”, resalta el docente, quien recalca que “aplicando la Orden del Gobierno de Canarias de 2009 que regula al profesorado de religión de secundaria, sólo caben dos opciones” en su situación actual, “o ratificación en el puesto o despido objetivo”.