El primero de los dos juicios que se celebrarán sobre la Bodega Stratvs comenzará el 19 de junio y se alargará durante una semana. Para ello se trasladará hasta Arrecife la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La instrucción de Stratvs se acabó dividiendo en dos por la condición de aforada de la parlamentaria regional y alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, así que en este primer juicio sólo se van a poner en cuestión los hechos relacionados con los permisos otorgados por el Ayuntamiento sureño, como la obtención de la primera licencia en 1999, de la prórroga de esa licencia en 2005 y de la obtención de la licencia de actividad para su apertura.

En el banquillo se sentarán diez personas. Además del propietario de la Bodega Stratvs, Juan Francisco Rosa, se juzgará a dos técnicos del Ayuntamiento, el ex secretario, ya inhabilitado por otro caso, Vicente Bartolomé Fuentes, y Andrés Morales, de la Oficina técnica.

El otro funcionario que irá a juicio es Manuel Jesús Spínola, jefe del departamento de actividades clasificadas del Cabildo. Según la Fiscalía, emitió un informe favorable a la calificación de la actividad de bodega cuando no estaba permitido ese uso en ese suelo.

También se sentarán en el banquillo el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que deberá ingresar en prisión en breve, y el concejal de Urbanismo José Antonio Rodríguez, que se mantiene como edil desde 1999. Además de ellos, se juzgará a los cuatro miembros de la Junta de Gobierno que concedieron la licencia de actividad en el año 2008: la actual alcaldesa, que también lo era entonces, Gladys Acuña; el exconcejal Leonardo Rodríguez (CC) y los exediles Juan Lorenzo Tavío (CC) y Evaristo García (PIL).

La Fiscalía pide penas altas en este caso, de hasta quince años de prisión para el empresario dueño de la bodega, pero en esta pieza las peticiones se limitan a tres años de cárcel para Rosa, casi cuatro para Acuña, un año y medio para los miembros de la Junta de Gobierno, al igual que para Reyes y el ex secretario, dos años de prisión para José Antonio Rodríguez y penas de inhabilitación para los técnicos.

Entre los delitos que se imputan a los acusados están los de prevaricación, tanto urbanística como medioambiental, fraude por omitir el cobro de tasas y delitos contra el medio ambiente.

El Director insular del Territorio declarará como perito a petición del empresario Juan Francisco Rosa

El juicio será largo ya que tendrán que declarar 68 personas. Además de los diez acusados declararán 35 testigos y 23 peritos y habrá cuatro acusaciones: la Fiscalía, que estará representada por Ignacio Stampa, la acusación popular ejercida por Transparencia Urbanística, la acusación particular, ejercida por la familia Negrín, que es propietaria de una parte de los terrenos donde se asienta la bodega, y la Abogacía del Estado.

Los dos primeros días, en jornadas de mañana y tarde, estarán dedicados a las declaraciones de los acusados, con la declaración de Rosa en último lugar. El día 21 será el turno de los testigos, el día 22 el de los peritos y el último día será para las conclusiones.

La lista de testigos

La Fiscalía solicita que declaren 26 testigos, de los que una gran mayoría son miembros de las fuerzas de seguridad: tendrán que declarar un agente de la Policía Local de Yaiza, uno de la Policía Nacional, cinco agentes del Seprona y ocho de la UCO de la Guardia Civil, ya que para este juicio se obtuvieron pruebas sobre la concesión de los permisos de la bodega gracias al sumario del caso Unión y las conversaciones grabadas entre algunos implicados.

Entre los otros once testigos hay tres de los denunciantes iniciales, además de funcionarios o Piedad del Río, que fue la persona que solicitó el primero de los permisos. También están propuestos por la Fiscalía el exconsejero de Agricultura, Francisco Fabelo y el actual presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés. La acusación particular pide que declaren tres testigos y los acusados piden a otros seis más.

La lista de peritos también es muy larga. En ella hay trabajadores de diversas áreas del Gobierno de Canarias, así como del Cabildo de Lanzarote (cinco de ellos de la Oficina del Plan Insular de Ordenación), de la Agencia de protección del medio urbano y natural, del Ayuntamiento de Yaiza, de Sanidad y de la Unidad técnica de la Fiscalía de medio ambiente.

El propietario de la bodega reclama cuatro periciales, como la del catedrático Francisco Villar Rojas, que elaboró un informe favorable a la legalización de Stratvs, Delia Fernández, ex trabajadora del Cabildo y esposa del fiscal Miguel Pallarés o la del Director insular del Territorio, Miguel Ángel Santana.

El segundo juicio

Hay que recordar que el otro juicio, en el que hay siete acusados más, lo juzgará la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas aunque Transparencia Urbanística recusó a los tres magistrados que la componen por considerar que ya han hecho pronunciamientos que suponen una toma de posición sobre aspectos importantes del fondo del asunto, por lo que podría haber una “pérdida de imparcialidad objetiva”. Esa recusación aún no se ha resuelto.

Tampoco se ha resuelto el recurso al auto del juez Alba por el que levantaba el cierre cautelar de la bodega, dictada por la juez Silvia Muñoz en diciembre de 2013 y ratificada por la misma sección sexta de la Audiencia. Alba dictó la apertura pero su compañero de sección, Carlos Vielba, decidió dejar la apertura en suspenso hasta que se resolviera el recurso que habían presentado tanto la Fiscalía como Transparencia Urbanística.