La elaboración del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife se asoma al tiempo de descuento que se marcó la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. En agosto se cumplen dos años desde que se aprobó de forma inicial el documento, que la capital lleva casi dos décadas esperando que se revise. Ese mismo mes, se caduca el plazo por el que han estado suspendidas las licencias para obras que no se ajustasen al futuro planeamiento.

Esa garantía para evitar que la ciudad cambiase de forma radical mientras se redactaba el nuevo Plan, especialmente para conservar edificios que se tiene intención de proteger en el catálogo de patrimonio, también ha tenido sus lagunas: el nuevo PGO no contemplaba el uso de restauración en el Charco de San Ginés o impedía unos simples apartamentos adosados de dos plantas cerca de la Vía Medular, iguales a los que se construyeron hace apenas unos años.

En los últimos meses, el debate sobre el futuro Plan General ha girado en torno a la reducción de espacios destinados a uso público, los denominados sistemas generales. La eliminación de suelo reservado a uso público, de manera concreta en piezas de la ciudad que no se han desarrollado urbanísticamente, como el importante sector de Capellanía, entre el barrio de San Francisco Javier y la Circunvalación, se ha llegado a cuantificar en más de 227.000 metros cuadrados en relación a lo que se estipula en el planeamiento vigente.

Un nuevo elemento para el debate se acaba de introducir, por parte de la oposición, para su análisis en el pleno del Ayuntamiento: los cambios que opera el nuevo Plan General de Arrecife en el suelo rústico del municipio, rebajando el grado de protección de importantes bolsas de suelo, a pesar de que esa es una potestad que se reserva al Plan Insular.

El nuevo Plan General no tuvo en cuenta el Plan Insular vigente sino la revisión del PIO, que está estancada, al rebajar la protección de importantes bolsas de suelo rústico

El concejal Andrés Medina (Vecinos Unidos) ha puesto el foco en un informe del director insular del Territorio del Cabildo, Miguel Ángel Santana, en el que le traslada a la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario que tenga en cuenta el Plan Insular de Ordenación (PIO) que se comenzó a elaborar en 2007 y que no ha pasado de la primera fase, la de avance, y que obvie el PIO que está en vigor, de 1991.

En el informe, Santana admite que “es cierto que, según las consideraciones que el PIO vigente establece, no cabe ninguna otra categoría” de suelo rústico “que la ambiental”, restrictiva en cuanto a los usos permitidos. Sin embargo, añade que “esta circunstancia, se ha visto alterada en el nuevo documento del PIO en redacción” y considera que “las determinaciones que deberán vincular al Plan General supletorio de Arrecife” que elabora la empresa pública Gesplan, en caso de “incompatibilidades”, son las del futuro Plan Insular y no las reflejadas en el planeamiento vigente.

Se da la circunstancia de que, en la actualidad, el Cabildo está a la espera de que la comunidad autónoma le confirme si el contrato con el equipo redactor del Plan Insular, del urbanista José María Ezquiaga, está vivo al haber transcurrido casi nueve años desde que se formalizó, o tiene que convocar un nuevo concurso público para contratar a un equipo que lo culmine.

Las piezas donde hay cambios

Con el aval del director insular del Territorio del Cabildo, el nuevo Plan General ‘pinta’ varias grandes bolsas de suelo rústico “cuya vocación es la de albergar infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios”, con “capacidad para acoger” instalaciones justificando su “interés general” y que “no pudieran implantarse en el suelo urbano”, siguiendo la revisión del Plan Insular, que está estancada.

El director insular del Territorio reconoció como “cierto” que según el PIO vigente “no cabe ninguna otra categoría” que el rústico de protección ambiental

Una de esas piezas de suelo se encuentra al norte de la urbanización de La Bufona –con órdenes de derribo por invasión de suelo rústico protegido- y se extiende hasta la carretera de Arrecife a San Bartolomé.

Otra de esas piezas de suelo se encuentra en el entorno de Argana y ya fue objeto de polémica en el Plan General de María Isabel Déniz al intentarse la recalificación de medio millón de metros cuadrados de rústicos a urbanizables. De hecho, la Comisión de Ordenación del Territorio (Cotmac) acordó en noviembre de 2003 suspender la rebaja en la protección del suelo rústico que se intentó entonces, como antesala de un convenio urbanístico que daba vía libre a la recalificación, su inclusión en el planeamiento municipal y la construcción de hasta 2.000 viviendas.

Desde la oposición se ha pedido que se analice “quiénes son los principales beneficiados de la eliminación de sistemas generales y zonas verdes” en el nuevo Plan General y que se estudien “los cambios contrarios al Plan Insular de 1991 en vigor que se quieren introducir”.