El Juzgado ha permitido retrasar el desahucio de dos de las casas que fueron donadas a la Iglesia a mediados del siglo pasado para ser destinadas a familias con escasos recursos y que en 2006 la Diócesis de Canarias vendió por 360.000 euros a una empresa.

Este viernes, uno de los vecinos afectados, Luis Manuel Torres, de 56 años y sin trabajo, tenía que abandonar su vivienda, pero “le han dado una prórroga hasta el 11 de abril”, explica Andrés Medina, ex presidente de la asociación de vecinos de Argana Alta, que sigue efectuando gestiones a favor de los vecinos.

Sinforiano Lemes y su esposa Pilar, de 90 y 87 años de edad, tenían orden judicial de desahucio para el 21 de marzo, pero desde el Juzgado se le ha prorrogado “dos meses, hasta el 23 de mayo”, señala Medina.

Estos desalojos fijados para los próximos meses contrastan con la reciente resolución judicial de la Audiencia Provincial a favor de otra vecina de las mismas casas construidas el siglo pasado por los Cursillistas de la Cristiandad, una agrupación religiosa, sobre un terreno donado por Leopoldo Díaz.

En el caso de esta mujer, Dolores Guillén, la Audiencia permite que siga viviendo en la casa al interpretar que le fue cedida por causa de necesidad económica y que no ha concluido el uso para el que se prestó la vivienda. La Audiencia ha dado la razón a dos familias y en otros dos casos a la empresa Iveco, que compró los terrenos a la Diócesis.

Críticas al Ayuntamiento

Andrés Medina ha criticado con dureza la falta de interés de las instituciones públicas por la situación de las familias afectadas por los desahucios. “La concejal se Servicios Sociales, Ascensión Toledo, ni el consejero del Cabildo, Marci Acuña, se han dignado a visitar a esas familias a ver si necesitan algo o cómo están”, afirmó en Biosfera TV.

También se queja de la cantidad de “papeles” que el Ayuntamiento solicita para valorar la concesión de una ayuda al alquiler. Al margen de certificados económicos o de convivencia, “piden un contrato de alquiler” y se están encontrando con dificultades porque “te dicen que no te pueden hacer un contrato si no le dan la fianza y se meten dentro de la casa, porque si después no la quieren, el propietario pierde”.

Otra vía que Medina está explorando es la de la entidad bancaria La Caixa, “que tiene viviendas vacías en el barrio que se podrían adaptar a sus necesidades” pero está a la espera de una contestación para acceder a un alquiler con ayudas, opción que había “terminado en octubre pasado”.