El Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Las Palmas ha rechazado la legalización de las naves industriales construidas en la avenida de Los Geranios, junto al cementerio de San Román en Arrecife. El Cabildo denegó la calificación territorial solicitada por la propiedad de las edificaciones, que impugnó la decisión ante la Justicia.

La sentencia declara “ajustada a derecho” la resolución del Cabildo, dictada en septiembre de 2009, que se basó en que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL) en vigor califica la zona como suelo rústico de valor natural ecológico por ser paso de jable.

En la demanda, interpuesta por Hormiconsa, se impugnó no sólo la decisión de la Corporación insular sino también el propio PIOL, “ya que el valor natural que se pretende proteger”, esto es, el jable transportado por el viento desde Famara hasta la playa de Guacimeta, en realidad “no discurre por los terrenos en los que se encuentran las naves”.

Así, se insistió en que en el nuevo planeamiento insular “se elimina la protección del suelo” ante la falta de “aportes naturales de jable” por la zona que, a juicio de la entidad demandante, “posee las características físicas para ser considerada como urbana”.

El Cabildo se opuso a la demanda y consideró que no era “procedente” la “impugnación indirecta” planteada del Plan Insular, en vigor desde 1991, puesto que la protección de los terrenos donde se levantaron las naves no se hizo por “error”, “sino que se adoptó teniendo en cuenta condicionantes del suelo en el momento en el que se realizó” el planeamiento.

Los terrenos están calificados como rústicos de protección de jable

Además, el Cabildo aseguró que, “con su actuación” construyendo las naves la empresa “ha transformado” el suelo. También destacó que con ese nivel de protección, sólo cabía la agricultura tradicional o excursiones, no aceptándose “ningún tipo de edificio o instalaciones públicas o privadas ni otro obstáculo permanente que impida el movimiento natural de la arena mojada por los vientos alisios”.

El Juzgado tuvo en cuenta que las naves industriales también eran contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arrecife, que entró en vigor en 2004, un planeamiento “cuya legalidad no ha sido puesta en duda” por el letrado de la empresa, Felipe Fernández Camero, que en aquella época era el secretario del Ayuntamiento y que ha defendido la validez de ese planeamiento municipal en otros procedimientos judiciales.