El Juzgado de lo contencioso número 1 de Las Palmas ha admitido a trámite una demanda por la supuesta ocupación de más de 7.000 metros de propiedad privada por parte del Ayuntamiento de Tinajo, que se enfrenta a una reclamación por vía judicial que asciende a 1,8 millones de euros. Una cantidad que supone multiplicar casi por cuatro las inversiones que presupuestó el último año.

El Juzgado requirió al Consistorio que preside Jesús Machín para que entregase toda la documentación relativa a la presunta usurpación de los terrenos, en la localidad de El Cuchillo. Durante años, Machín ha hecho caso omiso a la reclamación de la familia Oliva para que se haga cargo de la ocupación del suelo, un pleito que se remonta a hace más de una década.

El Ayuntamiento, presidido entonces por Luis Perdomo, compró 2.000 metros cuadrados por un valor de tres millones de las antiguas pesetas. Sobre los terrenos adquiridos se construyó el colegio público de El Cuchillo, pero también se llevaron a cabo en la zona equipamientos deportivos, un parque público o calles.

En total, según el informe de tasación elaborado por el arquitecto Alberto Lasso hace ya cinco años, el Ayuntamiento se quedó con 5.200 metros cuadrados destinados a dotaciones públicas y otros 1.900 metros cuadrados ocupados por viales.

El último intento de los propietarios de la finca de llegar a un acuerdo ‘por las buenas’ con el Ayuntamiento se produjo en junio del año pasado, cuando solicitaron que el Consistorio gobernado por Coalición Canaria iniciara “el correspondiente procedimiento de expropiación fijado en la ley” para “legalizar los metros ocupados por la vía de hecho”, compensándoles por ello.

Según los demandantes, el Ayuntamiento compró 2.000 metros y ocupó otros 7.200

Sin embargo, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Tinajo, llevaron el caso ante la Justicia, que ahora tendrá la última palabra. De entrada, fuentes próximas a los demandantes sostienen que el gobierno municipal llevó a cabo las instalaciones públicas sobre suelo privado sin dar cuenta en su momento ni al Gobierno de Canarias, que subvencionó con 100.000 euros la ejecución del colegio, ni a la donante italiana Livia Veronese, que aportó otros 60.000 euros para la construcción de la escuela.