El Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife ha solicitado que se realicen nuevas diligencias de investigación dentro del caso Inalsa, a petición de la Fiscalía. En este caso se investiga tanto la gestión de la empresa pública de aguas en los últimos años como el traspaso del canon por la privatización de la gestión del servicio integral del agua, cuya concesión se adjudicó a la empresa madrileña Canal Gestión, para pagar la deuda.

El caso se inició a raíz de una denuncia de Alternativa Ciudadana y en él ya han declarado en calidad de investigados la ex consejera delegada Plácida Guerra y el ex gerente Rafael Elorrieta.

También están llamados a declarar Mario Pérez y Pedro Márquez, ex consejero y ex gerente respectivamente. Estas declaraciones se han pospuesto en varias ocasiones y tendrán que declarar finalmente el próximo 18 de octubre. Ese mismo día tendrán que declarar como testigos los administradores concursales de la empresa, Pedro Martín Toledo, Juan Luis Ceballos y Pablo de la Vega.

El juez solicita ahora al Consorcio insular del agua una gran cantidad de documentación. El Consorcio deberá remitir al Juzgado tanto los estatutos como la composición del Consorcio desde 2005 hasta la actualidad. También deberán identificar a la persona responsable del área de almacenes y compras de material en Inalsa durante los ejercicios 2005-2009 y a la persona responsable del sistema de gestión administrativa e informática, en relación con la utilización y supervisión del programa informático Gescoaguas de Inalsa, durante los mismos años.

Otra de las peticiones del Juzgado al Consorcio es que explique los desajustes entre lo que consta en el programa Gescoaguas y lo efectivamente ingresado durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007, “en los términos relacionados en los informes de auditorías de Ernst & Young efectuados sobre Inalsa en esos ejercicios y que se detallan en el escrito de denuncia”. Además se piden los contratos entre el Consorcio y Unión Fenosa, “en virtud de los cuales se procedió al pago de las facturas de Inalsa en los ejercicios 2005-2009”.

La empresa eléctrica también tendrá que informar de los importes anuales facturados a Inalsa o al Consorcio para el abastecimiento del agua de Lanzarote durante los años 2005-2009 por prestación de servicio eléctrico de bienes cuyo uso correspondiese a Inalsa.

La Fiscalía solicita una gran cantidad de documentación al Consorcio, entre la que se encuentra que se informe sobre el pago de las facturas eléctricas de la compañía

Por otra parte, también solicita al Consorcio que elabore varios informes. Uno de ellos en que se relacionen, por ejercicio, las cantidades y modificaciones operadas en la cuenta 550 de la contabilidad de Inalsa, “Titularidad de explotación”, con concepto “Canon por utilización de instalaciones”, desde el año 2005 a la actualidad.

Otro informe que debe emitir es sobre las compras de material realizadas por Inalsa o por el Consorcio, respecto de servicios prestados por Inalsa entre 2005 y 2009, “detallando los importes anuales por empresas, con identificación de estas últimas”. También deberá informar al Juzgado de los pagos, transferencias y cantidades abonadas por el Consorcio en deudas, préstamos, consumos o cualquier otro concepto o prestación cuyo abono hubiese correspondido realizar a Inalsa, “sea cual sea la forma jurídica y económica que hubiesen adoptado, desde el año 2005 a la actualidad, detallando los ejercicios, las cantidades, y el concepto en que dichos abonos se realizaron”.

La Fiscalía considera que las irregularidades contables en los años 2006, 2007 y 2008 son un hecho objetivo. El Ministerio fiscal solicita que se designe un perito contable para que lleve a cabo una prueba pericial sobre la empresa. Además, hay que recordar que la Audiencia de Cuentas deberá emitir un informe sobre la legalidad del pago de la deuda de Inalsa por el Consorcio, que será determinante para fijar si hubo o no delito.