La Justicia ha puesto la lupa sobre la gestión del Patrimonio en Arrecife. El Juzgado de Instrucción número dos de Lanzarote, dirigido por el magistrado Jerónimo Alonso, ha abierto diligencias sobre derribos de inmuebles antiguos, tanto con licencia municipal de demolición como sin autorización, y ha requerido una ingente cantidad de documentación al Ayuntamiento capitalino.

La investigación, impulsada por el Destacamento de Protección de la Naturaleza (Deprona) Timanfaya de Lanzarote, busca aclarar si hubo responsabilidades en la demolición de cinco inmuebles y la licencia para vaciar el interior de un sexto edificio, que Patrimonio ha defendido que debían ser conservados.

El rastreo se concreta en tres inmuebles localizados en la calle Real. Dos de ellos terminaron en el suelo. La demolición se materializó en el número 52, donde se encontraba el antiguo comercio Alfa, que fue derribado con licencia municipal, concedida en marzo de 2020, después de que el Consistorio asumiera la petición de la propiedad, que había acudido a los tribunales para conseguir el permiso.

Este edificio formó parte del catálogo arquitectónico aprobado en julio de 2008, que terminó anulado. El Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo lo había incluido en reiterados informes remitidos al Ayuntamiento capitalino para que se protegiese.

La piqueta también acabó con otro inmueble anexo, el número 54 de la calle Real. Primero se eliminó la fachada, sin autorización, y luego se derribó el resto de la edificación. Ahora el solar está en venta.

La Guardia Civil también ha solicitado el expediente del número 37 de la calle Real, el antiguo Hotel Oriental. El Ayuntamiento concedió la licencia para intervenir en el inmueble, vaciando su interior, en septiembre de 2021. El Cabildo paralizó la licencia, las obras no se llegaron a ejecutar y luego se tramitó, desde marzo de 2022, su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

El Hotel Oriental está considerado una de las muestras más relevantes de las antiguas casas altas de la ciudad y su origen se remonta al siglo XIX. Estuvo incluido en el catálogo arquitectónico de 2008 y en el catálogo que se iba a aprobar de forma conjunta con el Plan General, que se presentó en agosto de 2014. También está en el listado del nuevo catálogo encargado por el Ayuntamiento a la empresa pública Gesplan.

En este caso, el Ayuntamiento se ha escudado en que había concedido la licencia para la demolición interior, lo que hubiera supuesto la eliminación de valores patrimoniales, según el Cabildo, debido a una resolución judicial. La sentencia, del Juzgado de lo contencioso administrativo número dos, dictada en diciembre de 2019, especifica que la empresa propietaria, Inmobiliaria Chimida, había solicitado la licencia dos años antes, sin respuesta por el Consistorio.

El fallo de la resolución judicial condenó al Ayuntamiento “a continuar con la tramitación del expediente relativo a la concesión solicitada, recabando la emisión sin demora de los informes técnicos y jurídicos procedentes sobre la adecuación del proyecto a la legalidad urbanística aplicable”. En la Corporación municipal se agarraron a la sentencia para dar el permiso de obras, pero el Cabildo se opuso al entender que no daba luz verde a la concesión, a la vista de los valores patrimoniales del edificio.

Patrimonio ha defendido la existencia de valores en los inmuebles

La Guardia Civil también pregunta por el derribo del número 3 de la calle Carenero y por la demolición del número 81 de la calle Jacinto Borges, en las inmediaciones del Charco de San Ginés.

En este último caso, la vivienda se derribó el pasado mes de noviembre. El Cabildo había dictado medidas cautelares, que tienen un plazo de seis meses, para dejar en suspenso la licencia municipal de demolición, al considerar que la edificación tenía “importantes valores patrimoniales”. Al mismo tiempo pidió que se incluyese en el catálogo arquitectónico.

Sin embargo, finalizó el plazo sin que el Ayuntamiento modificase el catálogo en vigor, que se remonta a 2004, ni aprobase de forma inicial uno nuevo, lo que habitualmente lleva aparejada la suspensión de licencias.

Otro derribo polémico sobre el que se ha interesado el Deprona de la Guardia Civil es el de una antigua vivienda en el número 26 de la Avenida César Manrique, en abril del año pasado. La demolición la denunció en la Policía Local la concejal Leticia Padilla, de Lanzarote en Pie (LEP).

En abril de 2021 se había concedido autorización para una “limpieza del solar”, pero lo que se hizo fue derribar la fachada y vaciar el interior. El Cabildo advirtió de que se había producido una “infracción grave o muy grave” de la Ley de Patrimonio Cultural.

Un año después del derribo, el Ayuntamiento ha iniciado el expediente sancionador por “obras sin título habilitante” en el denominado “barrio de San Ginés” del catálogo arquitectónico del Plan Insular.