El Juzgado número dos de Puerto del Rosario ha declarado la apertura de juicio oral contra Blas Acosta, actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres, por un delito de prevaricación urbanística, en el conocido como caso La Pared.

En este procedimiento, la Fiscalía ya ha solicitado para Blas Acosta, y para el resto de miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara en enero de 2010, una condena de tres años de prisión y nueve años de inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo o cargo público.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que los seis acusados, entre los que también se encuentra Rosa Bella Cabrera, diputada del PSOE en el Parlamento de Canarias, otorgaron una licencia en La Pared "a sabiendas de que no se habían cumplido las condiciones" y de contar con informes desfavorables.

En un auto dictado por el magistrado Pedro José Rosa Romero este pasado viernes, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, también se impone a Blas Acosta, exconcejal de Urbanismo de Pájara y expresidente del Cabildo majorero, un plazo de 24 horas para que deposite una fianza de 70.000 euros.

El objetivo, aclara el magistrado, es “asegurar las responsabilidades” económicas “que pudieran serle impuestas, con apercibimiento” de que, en caso de no depositar la fianza, “se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastante” para cubrir la citada suma o “se acreditará su insolvencia”.

El magistrado también deja claro en su resolución que contra el auto de apertura de juicio oral “no cabe recurso”, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, una fórmula destinada a aquellos que se encuentran privados cautelarmente de libertad.

Corrupción según el Poder Judicial

Blas Acosta está acusado de un delito de prevaricación urbanística y, en el auto de apertura de juicio oral, se especifica que será enjuiciado por los artículos 320.2 y 404 del Código Penal. El primero de los artículos castiga a la autoridad o funcionario que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado -como la Junta de Gobierno de Pájara- haya resuelto a favor de, entre otros supuestos, la concesión de licencias, “a sabiendas de su injusticia”.

El Juzgado impone una fianza de 70.000 euros para Blas Acosta, como pedía la Fiscalía, en la causa por conceder con informes negativos una licencia que antes había denegado

Por su parte, el artículo 404 precisa que “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera “delitos relacionados con la corrupción” los delitos contra la ordenación del territorio, el urbanismo y el patrimonio histórico, entre los que cita el artículo 320 del Código Penal, así como la prevaricación contemplada en el artículo 404. Así lo establece el Poder Judicial en una base de datos específica para “conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción”.

Acosta, en los Juzgados de Puerto del Rosario.

Código ético del PSOE

El Código ético del PSOE señala que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”.

El Código ético del PSOE establece incluso para los militantes que se les suspende por la apertura de juicio oral por corrupción, como el Poder Judicial adjetiva la prevaricación

En este supuesto ya se encontraba Blas Acosta cuando se abrió juicio oral por el caso Gesturpa el pasado mes de febrero. En esa causa, la Fiscalía solicita para el viceconsejero regional de Economía una pena de cuatro años y tres meses de cárcel, por los delitos de administración desleal e insolvencia punible.

En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se detallan una serie de “conductas ilícitas” que atribuye a Acosta, como un préstamo de más de 1,7 millones de euros, con “conocimiento” de que la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara “nunca” podría devolverlo “dada su evidente falta de viabilidad económica”.

En el caso de simples “militantes”, una condición que no ostenta Acosta, que también es secretario insular del PSOE en Fuerteventura, se les suspenderá de militancia a los que “se les abriera juicio oral” por delitos “ligados a la corrupción”, como la prevaricación urbanística que el Consejo General del Poder Judicial cataloga como corrupción.

Licencia con informes negativos

En el caso La Pared, la Junta de Gobierno de Pájara de la que formaba parte Blas Acosta concedió el 25 de enero de 2010 una licencia de ocupación "en contra de lo informado por los técnicos municipales y desoyendo la motivación y razones expuestas por el servicio jurídico de la Corporación".

Además, señala la fiscal Clara Serrano en su escrito de acusación, la Junta de Gobierno de Pájara se apartó "de su propio criterio anterior, sin justificación alguna para ello, permitiendo una utilización de edificio absolutamente prohibida por la ley".

Asimismo, la Fiscalía resalta que los acusados incurrieron en "dejación de las funciones de control" que como representantes del Ayuntamiento les atribuye la ley para vigilar que se los promotores cumplan con las obligaciones en el proceso urbanizador.

Urbanización de La Pared, en Pájara. 

Antes se había denegado

El Ministerio Fiscal recuerda que "las obras de urbanización del sector PERI-2 de La Pared no estaban concluidas y, en particular, no existía sistema de depuración de aguas residuales" en la zona, "faltaba pavimentación del acceso rodado y alumbrado público", así como el "acondicionamiento de la zona verde".

La licencia de ocupación que centra la causa penal se entregó por la Junta de Gobierno presidida por el entonces alcalde, Rafael Perdomo, con el informe desfavorable del arquitecto municipal, que resaltó la imposibilidad de concederla porque las obras de urbanización no estaban terminadas y además se había alterado "la delimitación de la parcela". El informe jurídico también era desfavorable.

La Fiscalía insiste en que la propia Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara había denegado, en noviembre de 2008, la concesión de la licencia de ocupación. Sin que cambiasen las circunstancias, se concedió en enero de 2010. En la Junta de Gobierno de 2008 también estaba Blas Acosta.