El Juzgado de lo Penal número tres de Arrecife ha fijado para el 26 de septiembre el inicio del juicio por el caso Costa Roja, por la licencia ilegal para construir 1.000 viviendas en Playa Blanca, concedida por el Ayuntamiento de Yaiza presidido por José Francisco Reyes al empresario Luis Lleó.

Así se refleja en una diligencia notificada este miércoles a las partes, junto a un auto en el que se declara pertinente que se aporte para la vista oral el procedimiento seguido ante el Juzgado de lo contencioso administrativo número cinco de Las Palmas, relativo a la licencia de construcción para un millar de viviendas y unos 220 locales comerciales.

La causa penal nació en 2007, con la denuncia contra la licencia de Costa Roja, otorgada en diciembre de 2006 a Luis Lleó. La Fiscalía pide tres años y tres meses de inhabilitación y unos 4.000 euros de multa para los tres acusados por delitos de prevaricación administrativa.

La acusación popular, en representación del denunciante, Carlos Espino, eleva la petición de condena a 15 meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada.

Los tres acusados han sido condenados en otras piezas, ya no están en el Ayuntamiento sureño y tanto José Francisco Reyes como Vicente Bartolomé Fuentes ingresaron en prisión. Ambos fueron condenados en el caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales.

En los escritos de acusación se relata que tanto el secretario como el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza no advirtieron en sus informes de que el proyecto no encajaba en la planificación municipal ni en la ordenación del territorio vigente en aquel momento.

Vicente Bartolomé se limitó a enumerar los requisitos para la licencia en sus informes sin informar de forma negativa, y Lorenzo no expresó que el proyecto no tenía encaje legal. Obviaron que el proyecto no se adecuaba a la legalidad urbanística y territorial. Por su parte, Reyes otorgó la licencia y después otra para el proyecto de ejecución, en junio de 2007.

El proyecto lo presentó la empresa Residencial Costa Roja, representada por Luis Lleó, en agosto de 2006. Contemplaba la construcción de 182.283 metros cuadrados, construidos en una parcela de 53.583 de superficie distribuidos en 45 edificios de dos plantas sobre rasante y una bajo rasante, con un total de 1.012 viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, con un presupuesto total de 69.347.587 euros.

En 2006, Reyes dio una licencia ilegal para construir 45 edificios para 1.012 viviendas, 228 locales y 2.559 plazas de garaje en un suelo no apto para edificar

“En el momento en que se presentó la solicitud de licencia de obra el PGOU de Yaiza de 1973 calificaba el suelo afectado como suelo de reserva urbana” y “dicha pieza de suelo era suelo urbanizable no sectorizado, por lo que el proyecto presentado era contrario al ordenamiento jurídico”, señalan ambos escritos de acusación.

Tras la concesión de esa licencia, el Cabildo recurrió y logró que el Juzgado ordenara la paralización cautelar de las obras. La licencia fue anulada finalmente por los tribunales.

Reyes concedió dos licencias para Costa Roja, una en diciembre de 2006 y otra en junio de 2007, cuando estaba como alcalde en funciones y cuando ya se había parado la obra y se conocían dos informes del Cabildo que eran contrarios a la concesión de la licencia.

El Cabildo advirtió de las acciones legales que iba a tomar mientras que “los acusados, de común acuerdo, hicieron caso omiso a dichas advertencias y, no satisfechos con su ilícito proceder en el expediente de obra mayor, repitieron el modus operandi en el expediente de ejecución obviando las más elementales normas procedimentales administrativas”, señala la acusación, que pide por este motivo que la prevaricación se considere como continuada.

Origen del caso Unión

Esa decisión del Cabildo dio lugar a que Lleó intentara sobornar al entonces consejero del Cabildo, Carlos Espino (PSOE), que también había denunciado los hechos por la vía penal. Lleó le pedía que desbloqueara los problemas que ponía el Cabildo.

Espino denunció ante la UCO y se inició así el caso Unión, que después diversificó sus investigaciones. Lleó ya fue condenado a 18 meses de cárcel por este intento de soborno, tras admitir los hechos.

En este procedimiento penal de Costa Roja se archivó la causa contra Lleó porque el Juzgado no consideró que estuviera acreditado el delito de cohecho para la obtención de la licencia.

También se empezó a investigar el pago por parte del Ayuntamiento de Yaiza a un prestigioso jurista, Rafael Entrena Cuesta, que elaboró un informe para justificar que la licencia a la sociedad Costa Roja era legal.

Debido al registro en las oficinas de Lleó tras su detención en Unión, y al análisis de sus correos electrónicos, la UCO realizó un informe en el que se aportaban pruebas de que, a pesar de que lo pagó el Ayuntamiento de Yaiza con un coste de 27.000 euros, fue Lleó quien habría encargado el dictamen jurídico al catedrático.

El empresario orientaba al catedrático para prestar la hoja de encargo del dictamen. “Me piden que me la hagas llegar firmada y el Ayuntamiento nos la sella y firma el alcalde, donde ponemos objeto del dictamen, plazo y precio”, le decía en un correo electrónico. La finalidad del informe estaba clara: “blindar el alcalde respecto al proceso penal, al tener un soporte jurídico sólido”, en palabras de Lleó.

Por esas pruebas aparecidas en la causa se imputó tanto al abogado Felipe Fernández Camero como a Rafael Entrena Cuesta, y de nuevo al propio Lleó, además de sumar los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos para Reyes.

Sin embargo toda esta parte del caso Unión se archivó porque la Audiencia anuló la orden de entrada y registro en las oficinas de Luis Lleó y con ella decayeron todas las pruebas obtenidas en su registro.