La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzgará a partir del 12 de septiembre el caso de Las Teresitas, el presunto "pelotazo" por el que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña compró por 52 millones de euros terrenos en la playa del mismo nombre que el propio Consistorio había valorado en la mitad.

Según han informado fuentes judiciales, la sección segunda de la Audiencia Provincial ha fijado ya calendario para celebrar esa vista oral, que se extenderá del 12 de septiembre al 28 de octubre, aunque todavía se tienen que resolver las dos recusaciones presentadas contra el tribunal.

En la primera de ellas, una de las acusaciones, ejercida por la asociación Justicia y Sociedad, pide que no participe en el juicio el presidente de la Audiencia, Joaquín Astor Landete, con el argumento de que existe una declaración de un testigo protegido que describe a ese magistrado como "el hombre en los tribunales" de Ignacio González, uno de los principales encausados.

La segunda recusación ha sido formulada por el imputado Manuel Parejo, que solicita que ninguno de los tres magistrados de la sección segunda lo juzguen, porque ellos mismos componían el tribunal que confirmó su condena en el llamado caso Mamotreto.

En el caso de Las Teresitas, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de cárcel para los doce procesados, entre los que figura el alcalde de la ciudad cuando se cerró esa operación urbanística, Miguel Zerolo, exsenador de Coalición Canaria.

La Fiscalía pide ocho años de prisión para Zerolo y para el concejal de Urbanismo en aquellas fechas, Manuel Parejo (CC), así como cuatro años a los también exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP).

La misma condena, cuatro años de cárcel, propone para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.

La Fiscalía Anticorrupción también solicita cuatro años para el exsecretario general municipal, Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, así como a los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca.  La Fiscalía imputa a los funcionarios y cargos públicos presuntos delitos de prevaricación, por lo que pide inhabilitación especial, y de malversación de caudales públicos, que conllevan las penas de prisión.

A los empresarios, el Ministerio Fiscal les atribuye presuntos delitos de malversación de caudales públicos.

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