El juicio por las casas de La Bufona ha quedado visto este lunes para sentencia. La Fiscalía ha reducido los delitos que pide para los dos acusados, Federico Echevarría y Antonio Caro, promotor y constructor, respectivamente.

Así, el Ministerio Fiscal elimina el delito de desobediencia, al no quedar acreditado que siguieron con las obras después de la orden de precinto o que se les comunicara dicho precinto, y tampoco pide la demolición de las viviendas que se encuentran al sur de la calle Chabusquillo.

El fiscal pide cuatro meses de cárcel, inhabilitación y una multa y el derribo de lo construido en suelo rústico en una franja que afecta a 14 viviendas. La Fiscalía considera que, aunque las casas tengan licencia, en la ejecución se extralimitaron ocupando el suelo rústico.

La acusación particular pide el derribo de todas las viviendas del plan parcial, no solo de las que están al norte de la calle Chabusquillo, porque considera que están edificadas ocupando zonas verdes, viales y aparcamientos. Y mantiene los delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia y elimina el de estafa y falsedad en documento público.

El abogado de la familia Murillo sostiene que las obras de todo el plan parcial no finalizaron hasta el año 2004. Dijo que en el juicio “ha habido notables ausencias”, como la del fiscal Miguel Pallarés o del notario Celestino Mendizábal, propietario de una vivienda y “autorizante” de las escrituras públicas que no recogen la realidad física.

El abogado de Federico Echevarría, Julio Ortiz, defendió que no existe el delito de desobediencia  porque la orden de precinto se dictó cuando las obras ya habían terminado, en julio de 2000. Dijo que todas las casas tienen licencia de obra y de primera ocupación y que si estuvieran en suelo rústico, la licencia sería nula y no se han atacado las licencias.

“Si todo estuviera mal, quien lo habría hecho mal es el Ayuntamiento”, señaló, pero destacó que la exalcaldesa María Isabel Déniz estuvo imputada y se archivó la causa contra ella. La abogada de Antonio Caro, África Zabala, dijo que el papel de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) en este procedimiento “es desastroso”.

Las defensas de los propietarios de las 14 viviendas al norte de la urbanización consideran que no hay delito, que no se ha invadido suelo rústico y que, en cualquier caso, no habría habido intencionalidad.

Al norte de la urbanización, parte de las propiedades se levantaron en suelo rústico, tal y como muestra el plano de GrafCan, del Gobierno de Canarias.

La letrada Casandra García dijo que se ha llegado a esta situación “por el capricho del señor Murillo”, que ni siquiera habría acreditado que sea propietario de los terrenos en esa urbanización, que dice haberlos comprado en Las Palmas en el año 1998, sin verlos, cuando la urbanización ya estaba construida.

Señaló que en el caso de su padre, a quien representa, compró la totalidad del suelo que ocupa su vivienda y que no le regalaron ninguna franja de terreno, tal y como declaró en esta vista oral Delia Fernández, que también ejerce como abogada defensora y propietaria. Fernández, en su alegato final, en esta ocasión, dijo que no le consta que a nadie le regalaran nada y que todos habían pagado. Respecto a las obras de ampliación que realizaron, señaló que pensaban que podían hacerlas perfectamente ya que incluso en el año 2003 el Ayuntamiento otorgó dos licencias de obras menores a dos vecinos, pero no recuerda si ellos pidieron licencia o no la pidieron. Señaló que no tiene sentido demoler las viviendas porque esa zona ya no es de protección de jable.

Delia Fernández, esposa del fiscal Pallarés, dijo que no hay justificación para este procedimiento, que todo está en suelo urbano y que han sido ellos los que han sufrido “acoso” y “situaciones muy injustas” porque Murillo les exigió diez viviendas o dos millones de pesetas a cada propietario por no seguir con el procedimiento. También dijo que la Apmun ha hecho una “invasión flagrante de competencias municipales” y que Murillo, en la jurisdicción civil, no ha podido demostrar dónde están sus terrenos.

La abogada Juana Fernández de las Heras dijo que los propietarios no son responsables civiles subsidiarios sino que, en todo caso, debían haber acudido en calidad de perjudicados como terceros de buena fe. Otras defensas destacaron que los delitos han prescrito porque el procedimiento estuvo abierto más de tres años sin dirigirse contra los acusados y que no se hicieron anotaciones en el Registro señalando las posibles irregularidades de las casas.

Una de las abogadas dijo que ha habido “mala fe” por parte del señor Murillo, para quien pidieron que se deduzca testimonio contra él por si hubiera cometido algún delito al enviarle un correo electrónico al juez que juzga el caso antes de la vista. Algunas de las defensas piden la imposición de las costas a la acusación particular.

En la última jornada declararon varios peritos.

Peritos

La última jornada de la vista oral comenzó con el interrogatorio a los peritos de las defensas. Declaró un extrabajador del Ayuntamiento de Arrecife; el exdirector insular del territorio del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Santana; el trabajador de la Oficina del PIO, Gustavo Navarro;  la aparejadora Amada Fontes y Laura Cabrera, autora de una tesis doctoral sobre el jable.

El principal testimonio fue el de Fontes, que defendió que todas las viviendas, incluido el muro, se encuentran dentro de los límites que indica el Plan General de Arrecife para esa urbanización y que toda ella está en suelo urbano. Dijo que incluso sobran ocho metros por el norte midiendo desde la parte norte de la carretera.

Laura Cabrera indicó que por esa zona, tras la construcción del barrio de Argana, ya no pasa jable y Santana dijo que en la memoria ambiental del Plan Insular de Ezquiaga, que no se aprobó, se le quitaba a ese terreno la protección ambiental.