El grupo de gobierno del Cabildo (CC y PSOE) se ha visto obligado este viernes en el pleno de la Corporación insular a dejar sobre la mesa la aprobación de la ordenanza fiscal para gravar la venta de combustible ante el riesgo de quedarse en minoría.

Aunque en un primer momento el equipo de gobierno pensaba que los dos consejeros díscolos de Coalición Canaria, Sergio Machín y Mónica Álvarez, iban a facilitar la aprobación de la ordenanza, que permitiría al Cabildo pasar de recaudar 360.000 euros a 2,5 millones, finalmente no tenían garantías de que el punto saliera adelante.

El consejero de Hacienda, Luis Arráez, señaló que habló con Sergio Machín y aseguró que si bien le dijo que no se opondría, luego cambió de parecer. Añadió que tampoco Álvarez se había comprometido a votar a favor.

La intención del grupo de gobierno era adoptar una medida fiscal aprobada también en los cabildos de Gran Canaria o Tenerife, para gravar con dos céntimos de euros el litro de gasolina y gasoil.

La recaudación de este tributo tendría carácter finalista, y sólo se podría destinar al mantenimiento de la red de carreteras de la Isla a cargo del Cabildo o para políticas de transporte terrestre.

Partido Popular y Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) ya habían anunciado antes del pleno que se opondrían, Alternativa Ciudadana ha dudado de que sea el momento oportuno y colectivos profesionales, como el del taxi, se han posicionado en contra.