La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha autorizado la transferencia de fondos a Visocan para la adquisición de 323 viviendas protegidas en régimen de alquiler en toda Canarias.

El presupuesto de licitación asciende a 31,1 millones de euros y el plazo de ejecución dependerá del nivel de acabado de las viviendas.

En la distribución por islas, Lanzarote, con más de 152.000 habitantes, se sitúa a la cola, solo por delante de El Hierro, que tiene apenas 11.000 residentes.

Así, en Lanzarote se comprarán para alquiler social apenas 19 inmuebles, frente a las 89 viviendas de Gran Canaria y las 44 de Fuerteventura.

En la provincia occidental se prevé la compra de 96 casas en Tenerife; en La Palma 36 viviendas; en La Gomera se adquirirán 22 viviendas y, finalmente, en El Hierro 17 inmuebles.

El Gobierno señaló este sábado que, “en consonancia con el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, las 323 viviendas se comprarán en virtud de la encomienda de gestión a Visocan, como organismo público encargado de la gestión de diferentes programas del Plan”.

“Estas actuaciones tienen como objetivo la adquisición de viviendas no finalizadas, con el fin de destinarlas a un alquiler social para las familias más vulnerables económicamente, permitiendo dar una respuesta inmediata a la demanda actual de vivienda en Canarias”, añade el Ejecutivo regional.

Según indicó la Consejería de Obras Públicas, “está inversión en viviendas inacabadas generará más de 1.745 empleos directos, indirectos o inducidos a corto plazo, dinamizando así la economía de Canarias y cumpliendo con uno de los objetivos recogidos en el nuevo Plan de Vivienda”.

"Urgencia habitacional" y corregir el "mercado"

La Consejería de Sebastián Franquis afirma que la compra puede realizarse “de forma inmediata”, lo que permitirá “aumentar la oferta de viviendas sin un consumo adicional de suelo ni afectar al mercado privado y, a su vez, dar una respuesta rápida institucional para quienes se encuentren en una situación de urgencia habitacional”.

El Gobierno de Canarias sostiene que con la compra de vivienda ya edificada se corrigen “los desajustes del mercado del alquiler en determinadas zonas de Canarias, en las que hay una enorme dificultad para el acceso a la vivienda en régimen de alquiler por la escasez de oferta y el incremento de los precios”.