Por la vía “excepcional” de la Ley del Sector Eléctrico. Esa es la fórmula que ha utilizado el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, para declarar el interés general de una planta fotovoltaica de dos megavatios en Mácher, bautizada como Magec I.

Este entorno rural, con edificaciones dispersas y vinculado históricamente a la agricultura, está en riesgo de sufrir una transformación radical: es el terreno que ansían ocupar los promotores privados de plantas fotovoltaicas, para engancharse a la nueva línea de 132 kilovoltios que llega hasta la subestación eléctrica de Mácher y abaratar costes.

El Ayuntamiento de Tías se opuso recientemente a la solicitud formulada por una empresa madrileña, denominada RS IBERIA 23, para montar otra planta fotovoltaica de un megavatio en medio de la vega de Mácher, pegada a un conjunto de viviendas y a un kilómetro de la zona del barranco del Quíquere, entre Puerto del Carmen y Puerto Calero. Ese proyecto, conocido como Tías I, supondría ocupar más de 24.000 metros cuadrados para la colocación de 1.680 módulos solares. El pasado mes de diciembre se abrió un periodo de alegaciones.

El modus operandi de la Consejería de Transición Ecológica con la planta fotovoltaica declarada de interés general, del doble de capacidad y denominada Magec I, ha sido diferente. Así, se ha utilizado el polémico artículo ‘6 bis’ de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, que permite saltar por encima del criterio de las instituciones insulares. De hecho, la norma establece que los proyectos declarados de interés general con esta fórmula “se someterán a un régimen especial de autorización y no estarán sujetos a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular”.

La Consejería utiliza una vía “excepcional” de la Ley del Sector Eléctrico, que permite autorizar proyectos aunque incumplan el planeamiento

Este procedimiento extraordinario ha sido muy polémico en islas como Fuerteventura, donde tanto el Cabildo como los ayuntamientos han rechazado su utilización, al imponerse como hechos consumados una serie de proyectos privados que hipotecan la ordenación territorial durante décadas.

En Lanzarote, durante el pasado mandato el Cabildo reclamó al Ejecutivo autonómico que no utilizase esta vía excepcional para dar luz verde a instalaciones energéticas. También fijó como criterio, hasta que hubiese una ordenación específica para las renovables, que no se permitiesen aerogeneradores privados y que las plantas solares en tierra estuviesen vinculadas a una actividad empresarial, no que fuesen instalaciones de generación aisladas.

Entorno de la vega de Mácher, donde se pretenden instalar placas fotovoltaicas.

La orden del consejero Zapata desoye la postura de las instituciones de Lanzarote que, en el caso del Cabildo, está elaborando una Ordenanza insular que fije los criterios para la implantación de energías renovables. El borrador está en manos de la Consejería de Política Territorial, encabezada por Jesús Machín, desde el año pasado.

La planta solar Magec I, que se situaría en las proximidades de la subestación eléctrica de Mácher, está promovida por un particular y es ahora, después de la declaración de interés general de las obras, cuando se ha dado un plazo de un mes al Cabildo y al Ayuntamiento de Tías para que “informen sobre la conformidad o disconformidad del proyecto” con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor.

“Rentabilidad” de la inversión

La declaración de interés general para la planta solar Magec I, que se situaría según el emplazamiento recogido por el portal Grafcan en suelo de protección agraria, se despacha en apenas tres folios y medio. La orden del consejero Zapata alude a justificaciones generales, como el “extracoste” de los sistemas eléctricos de las Islas, añade que la tecnología eólica y fotovoltaica es “sensiblemente” más barata y que en agosto de 2019 el Gobierno autonómico, presidido entonces por Ángel Víctor Torres, aprobó la Declaración de emergencia climática, con la meta de alcanzar la descarbonización de la economía en el año 2040.

Las plantas Magec I y Tías I se instalarían en un entorno residencial y rural, y el Gobierno prima el interés de los inversores a la planificación territorial

También se refiere a la “necesidad” de que los promotores privados se acojan a procedimientos de concurrencia que saca el Gobierno central para minimizar el coste de las inversiones, bien a través de una “retribución específica”, bien mediante una “ayuda a la inversión”. Es aquí cuando la Consejería inclina la balanza a favor de los proyectos particulares frente a la planificación insular. Así, señala que los plazos exigidos en los citados concursos estatales mediante los que se financian las inversiones eléctricas “son bastante más cortos que los que conllevan la tramitación ordinaria de los instrumentos de ordenación territorial”.

Aunque la Consejería admite la “necesidad” de disponer de una ordenación previa, prefiere imponer una declaración de interés general si existe un “retraso de la planificación territorial”. “De otra manera, no sería posible que los nuevos productores eléctricos puedan participar con éxito en los procedimientos de concurrencia competitiva convocados por el Estado y obtener la retribución específica o la ayuda a la inversión que proporcionen rentabilidad a la inversión”, sostiene.

En la orden que declara de interés general la planta Magec I se cifra la inversión en menos de 1,3 millones de euros. El proyecto se conoce desde el año 2020 y contaría con 7.040 módulos fotovoltaicos. La línea de evacuación hasta el punto de conexión sería de apenas 200 metros.