El Gobierno de Canarias ha decidido paralizar el decreto que regula las viviendas vacacionales aprobado hace cuatro meses tras las críticas surgidas en el seno de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) y después de que este viernes la Comisión Nacional de Los Mercados y la Competencia (CNMC) reclamara a la Administración regional que "suprimiera o modificara" distintos artículos del reglamento.

El pleno del Parlamento aprobará esta semana una Proposición no de Ley para suspender el texto y que el nuevo Gobierno conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) pueda dar una vuelta al mismo, lo que dejará al sector sin normativa hasta que las modificaciones entren en vigor, según informa La Provincia.

Según el análisis de la nueva regulación canaria, y conforme a la normativa de competencia y a los principios de regulación económica eficiente, la Comisión ha puesto de manifiesto "numerosos obstáculos" al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado.

Entre estas trabas está que se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento aquellas viviendas situadas en suelos, zonas y urbanizaciones turísticas, que por su propia naturaleza, son zona habitual de localización de las viviendas vacacionales ofertadas antes de la entrada en vigor de la normativa.

"De este modo se privilegia a los establecimientos turísticos tradicionalmente instalados, que tienden a concentrarse en esas zonas, sustrayéndoles de los beneficios de la competencia y en perjuicio de los usuarios. Asimismo, la norma exige innecesariamente al arrendador habitualidad en la actividad y finalidad vacacional al arrendatario", insistió la CNMC.

También rechazó que se prohíba el alquiler por estancias o habitaciones, lo cual consideró contrario al derecho del empresario de organizar su actividad y de los ciudadanos de disponer de sus bienes sin restricciones injustificadas; y que se establezca un catálogo de requisitos en cuanto a las dimensiones y equipamiento de las viviendas, lo que "constituye una carga innecesaria para los operadores que incrementa los costes y limita su libertad de auto organización".

Entre los aspectos que pide que se cambien se encuentra que se sujeta el acceso a la actividad a un régimen de declaración responsable que tiene características más propias de los regímenes de autorización administrativa, sin que se justifique en términos de necesidad y proporcionalidad tal intensidad de intervención administrativa con el consiguiente coste de recursos públicos.

Finalmente, solicitó que se modifique la exigencia de exhibición, en el exterior de la vivienda, de una placa distintiva de la actividad y, en el interior de la misma, de un cartel que recoja teléfonos de asistencia en caso de emergencia y las prohibiciones contempladas en el Reglamento, en español y en inglés y que se obligue también a la suscripción de un contrato escrito en español y en inglés.

Siga leyendo en Canarias Ahora.