La Fiscalía ha presentado una denuncia contra el concejal de Urbanismo de Arrecife, José Montelongo, y tres técnicos municipales por la “posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio”.

En concreto, por la “emisión de informes favorables a la concesión de dos licencias de actividad clasificada” y, en el caso del edil, por haber firmado “decretos autorizando dichas actividades”, que con anterioridad habían contado con informes desfavorables.

Fue el partido político Vecinos Unidos Canarios y el colectivo Coveinca el que se dirigió a la Fiscalía el pasado mes de febrero para denunciar los permisos otorgados por el Ayuntamiento de Arrecife a un taller mecánico y un establecimiento comercial de venta de vehículos en el barrio de Argana.

El fiscal subraya que en julio y agosto de 2013 se dictaron los decretos concediendo sendas licencias de actividad “a pesar de los antecedentes anteriores”. Así, recalca que los técnicos municipales para los que solicita la imputación habían emitido con anterioridad informes negativos.

Una de las funcionarias para la que se pide la imputación es Lidia Sánchez, que ha ostentando la jefatura de la Oficina Técnica. El fiscal subraya que si en septiembre de 2012 señala que la actividad solicitada está “expresamente prohibida por el planeamiento”, en mayo de 2013 dice que “no está expresamente prohibida”, “sin motivar su cambio de criterio”.

La Fiscalía también ha solicitado que el Ayuntamiento entregue la documentación compulsada de los expedientes de actividad de Iveco y que se recabe un informe técnico de la Oficina del Plan Insular del Cabildo sobre el régimen jurídico de aplicación y la presunta normativa vulnerada.

Acusación

En su denuncia, la Fiscalía considera que supuestamente se ha podido informar favorablemente y otorgar licencias en contra de la normativa. La autoridad o funcionario público se expone, en tal caso, a la inhabilitación por tiempo de siete a diez años y a una pena de prisión de un año y seis meses a cuatro años.