El Gobierno español ha trasladado a los vecinos de La Graciosa que no tiene intención de traspasar la propiedad de los terrenos de la Isla. El Estado es titular de la mayor parte del territorio, salvo las parcelas privadas.

Vecinos de La Graciosa que se habían desplazado a Madrid semanas atrás para hacerle llegar al Gobierno y a varios grupos parlamentarios una batería de reivindicaciones, han recibido la contestación del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

“En relación a su petición de que se le devuelva la propiedad de la Isla al municipio de Teguise”, señala la respuesta oficial, “el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nos informa de que no se acredita suficientemente” la existencia de “causa de utilidad pública o interés social que legitime privación de las propiedades privadas que existan en la isla a favor de dicho municipio”.

El Gobierno central también destaca que “no le corresponde” al presidente Mariano Rajoy “la potestad de ejercer la iniciativa de reformar el Estatuto de Autonomía de Canarias”.  “La propuesta de considerar a La Graciosa como la octava isla del archipiélago tendría que partir del Gobierno de Canarias, previa aprobación en su Parlamento autonómico, y ser remitida a las Cortes Generales para su debate”, añade.

“De la misma manera”, recalca el Ejecutivo central, “tampoco está prevista la intervención de la Presidencia del Gobierno en la puesta en marcha en La Graciosa de una entidad territorial infra municipal, que debería atenerse, en todo caso, a la legislación canaria que desarrolle la normativa básica de Régimen Local”.

El Gobierno español señala que si los vecinos de La Graciosa quieren unas instituciones propias, “el ordenamiento jurídico básico posibilita que la entidad local, en este caso Teguise, adopte a su criterio, formas de gestión descentralizada y establezca diversas vías y cauces de participación ciudadana en la gestión municipal”.

El Gobierno español deriva al Ejecutivo canario y al Ayuntamiento la mayor parte de las reivindicaciones

En cuento a la propuesta de dotar a La Graciosa de un “presupuesto propio”, “acercar a los ciudadanos de la isla los servicios a los que se ven privados al estar separados de Lanzarote por un brazo de mar”, y consolidar el funcionamiento del Consejo de ciudadanía “como herramienta para la gestión participativa de lo público”, la ley reconoce a los municipios “la potestad de auto organización y, especialmente las potestades de programación o planificación”, abunda el Gobierno.

Los vecinos de La Graciosa habían pedido la constitución de un consorcio del que formaran parte los gobiernos central y canario, el Cabildo y el Ayuntamiento de Teguise. En su contestación, el Ejecutivo de Rajoy les recuerda la Ley de racionalización de la administración local, aprobada el año pasado, que establece “a modo de limitación” la constitución de este tipo de entidades: sólo caben si la “cooperación” no puede formalizarse “a través de un convenio”.