El ex alcalde de Teguise y parlamentario regional, Juan Pedro Hernández (CC), volverá a sentarse en el banquillo por prevaricación. En un auto firmado el pasado 1 de diciembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido abrir procedimiento abreviado por un caso que investiga la concesión de cuatro licencias para hoteles y apartamentos en el año 1999, posteriormente anuladas por la Justicia.

Hernández era entonces alcalde de Teguise por el PIL aunque después también lo fue por CC y ahora es diputado de esa misma formación. El origen de este procedimiento, denominado caso Yate, es la denuncia que en 2006 interpuso el entonces secretario del PSOE insular, Carlos Espino, por la concesión de licencias a hoteles en Yaiza y Teguise entre agosto de 1998 y mayo de 2000.

La causa del ex alcalde de Teguise se retrasó y después comenzó a tramitarla el TSJC por su condición de aforado. Este mismo año se reactivó el caso con la declaración de Hernández y de varios técnicos municipales, como testigos.

La primera de esas licencias, según el auto, la otorgó en enero de 1999 al Grupo Hoteles Playa para construir un hotel de cinco estrellas sin informes  previos técnicos ni jurídicos, que eranobligatorios, y solicitando el informe de compatibilidad con el Plan Insular, también necesario, cuatro años después.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias pide que se abra juicio oral contra Hernández

En mayo de ese mismo año concedió otras dos, una a Colinas Residencial para construir 48 apartamentos turísticos y otra a Armadores de Puerto Rico para un hotel de cuatro estrellas en Costa Teguise. En ambos casos sin los informes jurídicos ni técnicos y sin informes de compatibilidad con el Plan Insular.

En noviembre concedió una licencia para un complejo de 157 unidades de apartamentos de cuatro llaves, también sin los informes. En todos los casos la concesión de licencias no era posible pues estaba afectada por la suspensión decretada entonces por el Cabildo durante el tiempo que se tramitaba la Moratoria.

10 días para escritos de acusación

La Sala considera que se ha producido un delito continuado de prevaricación y da diez días tanto a la Fiscalía como a la acusación particular para que formulen sus escritos de acusación y se abra juicio oral.

Hernández es parlamentario desde 2011 y ya fue condenado en noviembre de 2012 por la misma Sala del TSJC a pagar una multa de 1.500 euros e inhabilitación para el cargo de alcalde o concejal durante dos años por conceder dos licencias para viviendas en Muñique y Tahíche en contra de los informes municipales. La condena no le impidió seguir siendo parlamentario.