El denunciante del caso Unión, Carlos Espino, ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, ha manifestado su “confianza” en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anule la decisión del juez Salvador Alba de excluir del juicio la grabación inicial de su intento de soborno y otras tres posteriores.

En un auto que ya la Fiscalía ha anunciado que recurrirá, el juez Salvador Alba ha decidido no aceptar como prueba las citadas grabaciones, efectuadas por Espino, con la supervisión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al empresario Fernando Becerra.

Cabe destacar que Becerra ha reconocido haber actuado como intermediario del promotor Luis Lleó para sobornar al político en 2008 y lograr que se desbloquease una urbanización de más de 1.000 viviendas en Playa Blanca (Yaiza), cuya licencia ilegal había impugnado en los tribunales el Cabildo.

Espino destacó en declaraciones a Diario de Lanzarote su “sorpresa relativa” acerca de la decisión del juez Alba, investigado a su vez por el TSJC por presuntos delitos de prevaricación, coacciones y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y que, en principio, presidirá la Sala de la Audiencia Provincial de Las Palmas que celebre el juicio de esta pieza del caso Unión, mediante el sistema de jurado. “Precisamente”, recalcó Espino, “se trata de un magistrado que suele sorprendernos en sus decisiones”.

“El juez Alba está dando a entender que los agentes de la UCO, todavía no se sabe muy bien por qué, han tratado de preconfigurar una prueba contra Luis Lleó”.

“A pesar de la confianza en que esa decisión sea revocada por una instancia superior, tengo plena tranquilidad porque en la instrucción existe una gran cantidad de elementos probatorios que acreditan el intento de soborno de Luis Lleó”, subrayó Espino, quien hizo hincapié “en uno, fundamental, que es la propia confesión de Becerra, que admite haber sido intermediario en el intento de soborno”.

Espino resaltó “la falta de confianza que tiene el juez Alba en las fuerzas de seguridad que actuaron en la instrucción” del caso Unión y, sobre lo que se sostiene en el auto de que las grabaciones tendrían “cortes”, el denunciante del caso Unión precisa que se efectuaron con equipos suministrados por la Guardia Civil: “No se trata de grabadoras comunes y no se puede extraer el audio con las conexiones comunes que se encuentran en el mercado”.

“De alguna manera”, añadió Espino, “el juez Alba está dando a entender que los agentes de la UCO, todavía no se sabe muy bien por qué, han tratado de preconfigurar una prueba contra Luis Lleó”. “Nunca he entendido que todo el aparato del Estado se hubiera puesto a mi disposición para tratar de empurar a un tío que no conocía de nada”, en referencia a Lleó, ironizó el denunciante del caso Unión.