El Gobierno español ha acordado este viernes, en Consejo de Ministros, solicitar un dictamen urgente del Consejo de Estado sobre la consulta aprobada por el Ejecutivo canario en relación a las prospecciones petrolíferas en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, convocada para el próximo 23 de noviembre.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha precisado que se ha pedido el dictamen de cara a los oportunos recursos e impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos por los que se solicita al Consejo de Estado su dictamen, con carácter urgente, antes del 24 de octubre, respecto a las propuestas de impugnación ante el Tribunal Constitucional de dos decretos de la comunidad autónoma canaria.

Se refiere al decreto del pasado 25 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la comunidad autónoma, y el decreto de 2 de octubre, del presidente canario, Paulino Rivero, por el que se convoca la consulta ciudadana.

La consulta popular tiene la siguiente pregunta: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

Según el Gobierno estatal, “las calificadas como consultas ciudadanas mediante pregunta directa "constituyen materialmente un auténtico referéndum", al contemplar una consulta al cuerpo electoral "a través de un verdadero procedimiento electoral".

Así, el Ejecutivo de Mariano Rajoy insiste en que “la potestad de regulación y autorización de referéndums corresponde exclusivamente al Estado”, de acuerdo con “la Constitución española”.

El Gobierno central considera que la pregunta formulada para la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas demanda del ciudadano “una respuesta, sí o no, a esa pregunta y fija también el día 23 de noviembre de 2014 para su realización”. Fundamenta su impugnación en que la comunidad autónoma de Canarias "carece de competencia para convocar un auténtico referéndum".

Suspensión de la consulta

Por otra parte, en cuanto a la pregunta realizada, el Ejecutivo central apunta que debe tenerse en cuenta que la competencia en materia energética corresponde al Estado, "sin que la competencia de Canarias sobre régimen energético alcance el mar territorial".

La impugnación que prepara el Gobierno español ante el Constitucional persigue "la suspensión de los preceptos que se recurren y las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria, así como de cualquier actuación vinculada a la consulta".