El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este martes que no consta ninguna reclamación ni demanda de más medios por parte de los órganos judiciales encargados de la instrucción por la muerte de Romina Celeste en 2019.

Julio Pérez se ha referido a las actuaciones realizadas en este caso en respuesta a la diputada del grupo Popular Astrid Pérez, quien ha afirmado que "hay un presunto asesino en la calle" porque el sistema "y el Gobierno" le ha abierto la puerta y no ha escuchado que nadie del Ejecutivo central o del canario "vaya a dimitir".

Astrid Pérez ha recordado que Romina Celeste murió presuntamente a manos de su marido en enero de 2019 en Lanzarote, y en conjunto entre el juzgado de instrucción y el Instituto de Medicina Legal se han producido 28 meses de demora en la remisión de los informes solicitados.

Como resultado el presunto asesino, para quien la Fiscalía solicita 20 años de cárcel, ha salido en libertad al transcurrir el plazo estipulado para la prisión provisional, ha proseguido la diputada popular, para quien el Gobierno "se dedica a insultar a los jueces en vez de negociar la reforma de un sistema judicial que cada vez funciona peor".

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha recordado a la parlamentaria que el contenido de las pruebas respecto a este caso pertenece a la actuación judicial y nunca, ha dicho, ha pretendido echarle la culpa "ni a los forenses ni a nadie, ni he insultado a ningún juez".

La Viceconsejería de Justicia sí ha realizado una investigación interna sobre este caso de la que se concluye que los tiempos de actuación de los forenses no fueron excesivos y cumplieron los plazos de entrega de los informes, ha indicado Pérez.

Además ha detallado que el sistema informático Atlante permite marcar un proceso como urgente y activar alarmas cuando se detecta insuficiencia de medios, de manera que se puedan asignar refuerzos inmediatamente, lo que no consta en la instrucción de este caso.

Julio Pérez ha señalado que en la provincia de Las Palmas hay casi 30 forenses que realizan unas 4.000 actuaciones al año "y en alguna de ellas puede haberse producido una demora" que, en unión de otras circunstancias, puede haber llevado a una excarcelación "que lamento tanto como usted", ha dicho, y que confía en que se subsane con la apertura del juicio oral y la sentencia correspondiente.