La Comisión de Industria del Congreso debatirá este miércoles una propuesta de CC y Nueva Canarias en la que se reclama al Gobierno central que se autorice a Canarias a consultar en referéndum a sus ciudadanos si quieren que se realicen prospecciones petrolíferas en el archipiélago.

El debate parlamentario se producirá sólo un día después de que el pleno se pronunciara en contra de la consulta popular soberanista elevada por el parlamento catalán.

La iniciativa de los nacionalistas canarios recoge así el contenido de la solicitud remitida por el Gobierno canario, con el apoyo de su Parlamento, al Consejo de Ministros, para que se le permita convocar una consulta sobre los sondeos petrolíferos.

La petición del Gobierno canario se ampara en el procedimiento previsto en la Constitución y en su propio Estatuto, pero plantea celebrar un referéndum que no tiene precedentes en la historia de España (los únicos referendos autonómicos que se han celebrado hasta la fecha en el país han sido para ratificar estatutos).

De hecho, el Gobierno central, a través del ministro de Industria, José Manuel Soria, ya ha manifestado su opinión de que legalmente no puede ser autorizado, porque Canarias solicita consultar a la ciudadanía sobre un asunto que no es de su competencia, sino del Estado (la concesión de permisos de búsqueda de hidrocarburos).

La propuesta será defendida este miércoles por el diputado de NC, Pedro Quevedo, que sostiene que la consulta que plantea Canarias "es constitucional, legal y posible, en base a además al artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía", según explica hoy su partido en un comunicado de prensa.

Esta iniciativa de CC y NC llega al Congreso un día después de que esta haya debatido la solicitud del Parlamento catalán para que se autorice a la Generalitat a celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña.

Los permisos concedidos por el Consejo de Ministros a Repsol para buscar hidrocarburos en el Atlántico, en las aguas que separan Canarias de Marruecos, han contado desde su aprobación con el rechazo de las principales instituciones del archipiélago.

En estos momentos, están pendientes de que el Ministerio de Industria y Medio Ambiente se pronuncie sobre su declaración de impacto y de que el Tribunal Supremo falle los distintos recursos presentados.