La vista oral del caso Yate, uno de los principales casos de corrupción de la isla de Lanzarote, ya tiene fecha. Aún no se ha fijado de forma pormenorizada pero la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ya ha previsto que se celebre entre enero y mayo del año que viene.

El caso se juzgará en Las Palmas de Gran Canaria durante todos los martes miércoles y jueves, excepto las semanas festivas, de carnavales o Semana Santa. Eso obligará al desplazamiento de una gran cantidad de acusados, testigos, abogados y peritos a la capital grancanaria. En todo caso, todavía no se ha previsto qué días concretos se dedicarán a las cuestiones previas, a la declaración de los acusados o de los testigos pero ya se han reservado esos cinco meses.

Este caso lleva diez años en los Juzgados. La querella penal con la que se inicia la investigación la pone el entonces consejero del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino (que después se presentó como acusación particular) en el año 2006 por la concesión masiva de licencias a hoteles en Teguise y en Yaiza desde finales de los años noventa, que finalmente han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por el Tribunal Supremo.

Después de esa querella se inicia una investigación policial y el caso se divide en dos piezas, una relacionada con Yaiza y otra con Teguise. La pieza relacionada con Teguise se juzgó el pasado mes de octubre y se saldó con la aceptación de una condena de nueve años de inhabilitación para el único acusado, el ex alcalde Juan Pedro Hernández.

La querella que inició la investigación la puso Carlos Espino en 2006 por la concesión masiva de licencias a hoteles en Teguise y Yaiza

Esta otra causa está lista para ser juzgada desde hace casi tres años. La Fiscalía presentó su escrito de acusación en febrero de 2013, pero la causa se retrasó por la falta de un escáner en el Juzgado para repartir el sumario a todas las partes. El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) llegó a abrir a un expediente por el retraso, que se cerró sin sanción, a la juez que instruía el caso.

La Fiscalía pide finalmente condenas para 12 personas: 25 años de cárcel para el ex alcalde de Yaiza José Francisco para Reyes por diversos delitos relacionados con la concesión de licencias ilegales, cinco años para su mujer y tres de sus hijos por blanqueo de capitales, así como seis años para el ex secretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes por prevaricación y malversación.

También se sentarán en el banquillo el trabajador del Ayuntamiento Antonio Lorenzo y los empresarios y asesores fiscales José Rafael Mesa Ferrer, Benito Mesa Ferrer y los socios de una de las hijas de Reyes, Simeón Camacho y Marcelo Machín.

Se les acusa de los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La Fiscalía presentó su escrito de acusación en febrero de 2013, pero la causa se retrasó por la falta de un escáner

Durante la investigación, la Policía detectó que el patrimonio de Reyes y su familia había aumentado en un millón de euros sin que se pudiera justificar su origen.

De este caso nació otra pieza separada más, que investiga los pagos de Yaiza al abogado Fernández Camero. En este caso ya hay escrito de acusación de Fiscalía, que solicita seis años de prisión para Camero, Reyes y Bartolomé, y otros cinco años y medio para Antonio Fernández, que sustituía al secretario en ocasiones.

Camero cobraba una cantidad mensual sin justificar, además de las irregularidades que ha detectado la Fiscalía en su contratación para los pleitos. Este abogado, imputado también en el caso Unión, cobró casi un millón de euros de Yaiza, de forma personal o a través de su sociedad Adelfas 24, entre los años 1996 y 2012.